El conflicto entre las empresas de biodiésel y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. Las cámaras que agrupan a la totalidad de las pymes productoras que abastecen al mercado interno reclamaron la intervención urgente del ministro de Economía, Luis Caputo, ante lo que consideran un incumplimiento sistemático de la Ley 27.640, que regula el precio del biocombustible.

En una carta formal enviada esta semana, las entidades -entre ellas Cepreb, Casfer y Capba- advirtieron que la Secretaría de Energía lleva 16 meses consecutivos fijando precios con rentabilidad negativa, una situación que, según afirmaron, ya generó una pérdida acumulada de 53 millones de dólares desde julio de 2024.

"De no revertirse de manera inmediata, el destino de las compañías será la quiebra", alertaron en el documento firmado por Federico Martelli, Marcelo Kusznierz y Axel Boerr, principales referentes del sector.

La resolución 385/2025, publicada en el Boletín Oficial, fijó el precio del biodiésel en $1.508.754 por tonelada. Pero, según las cámaras, el valor no alcanza siquiera para cubrir el costo del aceite de soja, su principal insumo, que promedió $1.563.100 por tonelada durante la primera semana de octubre.

De acuerdo con la fórmula de cálculo prevista por la ley -que contempla los costos del mes anterior más un retorno del 3%-, el precio correcto debería ubicarse en torno a $1.621.868 por tonelada, un 7,5% por encima del valor oficial.

La distorsión, denuncian, obligó a paralizar la producción en varias plantas que abastecen el corte obligatorio con gasoil. "Mientras otras industrias energéticas reciben ajustes acordes a su rentabilidad, el biodiésel fue ajustado por debajo de sus costos, generando quebranto", detallaron las entidades.

Uno de los puntos más llamativos del reclamo es el impacto mínimo que tuvo la política oficial sobre el precio final del gasoil. Según los cálculos del sector, entre julio de 2024 y octubre de 2025, el ahorro acumulado en el surtidor fue de apenas $5,3 por litro.

"Si el Gobierno hubiera aplicado la ley, el impacto real habría sido de $52,5 por litro, pero las consecuencias sobre la industria nacional son devastadoras", sostienen los empresarios.

En ese sentido, subrayan que actualizar el precio conforme a la normativa tendría un impacto en el surtidor no superior a $6,2 por litro, cifra mínima en comparación con el beneficio que implicaría reactivar toda la cadena productiva.

El pedido a Luis Caputo busca que el Ministerio de Economía garantice el cumplimiento de la normativa por parte de la Secretaría de Energía, conducida por María Tettamanti. "No pedimos subsidios ni beneficios, solo que se respete la ley", resumieron.

Las cámaras recordaron además que el sector agrega valor a la cadena sojera, sustituye importaciones y aporta a la transición energética, cuidando las divisas y el medio ambiente.

El reclamo se da en un contexto de debate legislativo por una nueva Ley de Biocombustibles, impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas y respaldada por la Unión Industrial Argentina (UIA). El proyecto apunta a fortalecer la matriz energética nacional y promover el desarrollo federal, una meta que hoy parece lejana para una industria que se siente al borde del colapso.

El conflicto del biodiésel expone una tensión estructural del agro argentino: una industria con potencial exportador y ambiental, pero atrapada en políticas que desincentivan la inversión.

Mientras los vecinos de la región impulsan incentivos para los biocombustibles, la Argentina sigue discutiendo precios de referencia. El reclamo de las pymes busca poner sobre la mesa una cuestión clave: sin previsibilidad, no hay transición energética posible