El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva avanza en su estrategia para equilibrar las cuentas públicas y garantizar recursos en la antesala de las elecciones. Una de las medidas en debate es la creación de un impuesto del 7,5% sobre las Cartas de Crédito Agroindustrial (LCA) y las Cartas de Crédito Inmobiliario (LCI), instrumentos que hoy están totalmente exentos. La aplicación comenzaría en enero de 2026, de prosperar el proyecto que ingresó esta semana al Congreso.

La propuesta, impulsada por el congresista Carlos Zarattini, busca compensar la pérdida de recaudación por la reducción del IOF, un tributo sobre transacciones financieras que ha generado controversias en los últimos años. La iniciativa del equipo económico apunta a "cerrar la brecha fiscal" entre las LCA y LCI y otros activos financieros que sí pagan impuestos.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, defendió la medida argumentando que "el diferencial de la tasa impositiva es demasiado elevado en comparación con otros títulos públicos". Subrayó además que la recaudación permitirá garantizar programas sociales sin necesidad de aplicar recortes.

Rechazo en el Congreso y en el agro

El anuncio encendió alarmas en la bancada agroindustrial, la más numerosa de la Cámara Baja. El diputado Pedro Lupion, presidente del Frente Parlamentario Agropecuario, advirtió que un impuesto de esta magnitud volverá menos atractivas las LCA, lo que afectará de forma directa el financiamiento del sector.

"No hay ninguna compensación que se pueda negociar que evite el daño que causará el 7,5%", sostuvo el legislador, que ya articula con otros bloques opositores para frenar la iniciativa.

El proyecto también despertó críticas de los mercados financieros. La economista jefa del Banco Inter, Rafaela Vitoria, afirmó que "aumentar los impuestos al capital en un momento en el que Brasil necesita estimular la inversión no es la mejor estrategia" y advirtió que la medida podría desalentar el flujo de recursos hacia sectores clave.

Excepciones y tensiones políticas

De aprobarse, el cambio fiscal no afectaría a todos los instrumentos. Los fondos inmobiliarios y los fondos de inversión agroindustrial (Fiagro) permanecerían exentos, una diferencia que genera aún más cuestionamientos entre los inversores y productores.

La propuesta se suma a una larga disputa en torno al diseño del sistema tributario brasileño, que ya tuvo como escenario tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo e incluso la Corte Suprema, en el marco de los debates sobre el polémico IOF.

Para la agroindustria, la discusión no es menor. Las LCA se han convertido en una herramienta clave para financiar la producción agrícola y ganadera. Al gravarlas, el temor del sector es que se encarezca el costo del crédito rural en un momento en el que los márgenes están presionados por la volatilidad de precios internacionales y el aumento de los insumos.

Con un debate legislativo que promete ser intenso, el futuro de esta propuesta marcará el tono de la relación entre el gobierno y el poderoso bloque agroindustrial en la antesala de un año electoral decisivo.