El regulador antimonopolio de Brasil (Cade) resolvió que los comerciantes de soja podrán mantener vigente hasta diciembre de 2025 la moratoria amazónica, un pacto ambiental que prohíbe abastecerse de granos cultivados en áreas recientemente deforestadas. La decisión llega después de que en agosto se hubiera impuesto una suspensión preventiva sobre el acuerdo, lo que generó preocupación en torno al futuro de este mecanismo de protección ambiental.

Con mayoría de votos en el consejo, Cade levantó la medida y autorizó que todas las actividades vinculadas a la moratoria -incluidas las auditorías a proveedores y los sistemas de trazabilidad- puedan continuar mientras se desarrolla la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas. El consejero José Levi Mello do Amaral Júnior, cuyo voto fue decisivo, sostuvo que la extensión otorga el tiempo necesario para que las empresas, autoridades y la sociedad civil lleguen a un entendimiento.

La investigación abierta por la autoridad busca determinar si el acuerdo entre los principales comercializadores de soja configuró un cartel encubierto, dado que establece criterios comunes de compra. No obstante, especialistas destacan que su continuidad inmediata es clave para evitar riesgos ambientales en un momento sensible, ya que Brasil será sede de la COP30 en Belém, en noviembre de 2025.

Un pacto ambiental de casi dos décadas

La moratoria de la soja en la Amazonia fue firmada en 2006 como un compromiso voluntario de la industria para no adquirir granos de tierras deforestadas después de 2008. Desde entonces, se convirtió en una de las principales herramientas de protección de la selva tropical, logrando que la expansión agrícola se concentrara en áreas ya abiertas y reduciendo significativamente la presión sobre la vegetación nativa.

La medida ha sido respaldada por organizaciones de la sociedad civil y por instancias internacionales que la consideran un modelo de gobernanza compartida entre Estado, empresas y ONG. Sus defensores argumentan que suspenderla hubiera representado un retroceso en la agenda climática brasileña y un golpe a la credibilidad del país frente a los mercados internacionales.

El fallo de Cade respondió a un recurso presentado por Abiove, la asociación que representa a la industria aceitera y de exportación de granos en Brasil. El gremio defendió que la moratoria es un instrumento esencial para preservar la Amazonia y que ofrece seguridad jurídica a los productores y compradores.

En un comunicado tras la decisión, Abiove señaló que mantiene su disposición a colaborar con las autoridades para promover un entorno de previsibilidad normativa que dé confianza tanto al sector privado como a los socios comerciales internacionales.

Por otro lado, Cade aclaró que la autorización no significa un cierre de la investigación. La autoridad seguirá analizando si el acuerdo puede restringir la libre competencia en el mercado, a pesar de su valor ambiental. Este doble enfoque refleja el equilibrio entre objetivos de política climática y regulaciones antimonopolio, un dilema creciente en sectores donde la sostenibilidad se ha vuelto parte de los criterios de negocio.

Impacto internacional

La continuidad de la moratoria es especialmente relevante para los mercados de exportación. La soja brasileña es uno de los principales productos agrícolas del mundo y su destino incluye regiones con estándares ambientales cada vez más estrictos, como la Unión Europea, que en 2025 comenzará a implementar el Reglamento de Deforestación (EUDR).

Mantener este pacto hasta fin de 2025 permite a Brasil enviar una señal positiva a sus socios comerciales y a la comunidad internacional, mostrando compromiso con la protección de la Amazonia y con la reducción de riesgos ambientales en la cadena de suministro.

De cara a la COP30, la decisión de Cade refuerza el mensaje de que la sostenibilidad agrícola es compatible con la producción a gran escala, siempre que exista gobernanza transparente y cooperación entre sectores.