Brasil, el mayor exportador de soja del mundo, enfrenta crecientes cuestionamientos desde Europa por el impacto ambiental de su producción agrícola. Aunque el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha buscado posicionarse como un referente climático internacional, la expansión de la soja continúa impulsando la deforestación en regiones sensibles como el Cerrado, generando tensiones diplomáticas y comerciales.

El Cerrado bajo presión

El Cerrado, una vasta sabana tropical que cubre casi una cuarta parte del territorio brasileño, alberga una biodiversidad comparable a la de la Amazonía. Sin embargo, más del 50% de este ecosistema ya ha sido transformado para uso agropecuario, principalmente para el cultivo intensivo de soja.

A diferencia de la Amazonía, el Cerrado no goza de la misma protección legal. Esto ha permitido que grandes extensiones de tierra sean reconvertidas en campos agrícolas sin necesidad de autorización previa, lo que agrava el deterioro ambiental sin necesariamente violar la legislación brasileña.

No obstante, desde Europa advierten que el nuevo reglamento comunitario contra la deforestación (EUDR), que entrará en vigor a fines de 2025, no distinguirá entre deforestación legal o ilegal, y podría bloquear importaciones de productos agrícolas que no certifiquen un origen libre de deforestación.

Europa endurece el tono

En Bruselas, funcionarios y eurodiputados presionan para endurecer los controles sobre las importaciones agrícolas del Mercosur, particularmente de soja, carne y madera. La preocupación gira en torno a la trazabilidad del grano brasileño, ya que buena parte de la producción se origina en zonas donde anteriormente existían bosques o sabanas nativas.

El avance de la frontera agrícola en estados como Mato Grosso, Goiás y Bahía, impulsado por la demanda de los mercados internacionales, genera un dilema político para Brasil: mantener su liderazgo en el comercio mundial de commodities sin comprometer su imagen ambiental.

La situación también pone en jaque el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que sigue pendiente de ratificación. En varias capitales europeas crecen las voces que exigen garantías ambientales más sólidas antes de avanzar con su implementación.

Si bien Lula ha logrado reducir la deforestación en la Amazonía durante su actual mandato, los indicadores en el Cerrado revelan un aumento del 15% en la pérdida de cobertura vegetal durante el último año. Esto plantea la sospecha de que, más que frenar la devastación, se estaría desplazando hacia zonas menos visibles en el radar internacional.

Organizaciones ambientalistas y centros de estudio europeos han comenzado a elaborar informes sobre los "riesgos ocultos" del modelo agroexportador brasileño, y proponen mecanismos de verificación más estrictos, incluyendo el uso de imágenes satelitales y certificados de origen digitalizados.

Un modelo en disputa

El crecimiento de la soja ha sido clave para el desarrollo económico de Brasil, generando divisas y empleo, pero también ha alimentado una matriz productiva cada vez más dependiente de monocultivos intensivos, con consecuencias para el suelo, el agua y las comunidades locales.

Ante este escenario, la pregunta que se plantea en el ámbito internacional es clara: ¿puede Brasil mantener su papel como potencia agrícola sin comprometer sus ecosistemas estratégicos? La respuesta podría determinar no solo el futuro del comercio con Europa, sino también la credibilidad del país en materia ambiental.