El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil decidió que la moratoria de la soja en la Amazonía -vigente desde 2006 y considerada un modelo mundial de autorregulación ambiental- será suspendida a partir del 1 de enero de 2026. La medida, adoptada el 30 de septiembre tras una votación de 4 votos contra 2, abre un periodo de transición de tres meses para el diálogo entre el sector privado, el gobierno y las organizaciones ambientales, antes de que se elimine el pacto definitivamente si no se logra un nuevo consenso.

El acuerdo, firmado hace casi dos décadas entre empresas comercializadoras, gremios agrícolas y organizaciones ambientales, prohíbe la compra de soja cultivada en áreas de la Amazonía brasileña deforestadas después de 2008. Entre sus signatarios se encuentran los gigantes mundiales Cargill, Bunge, Cofco y Louis Dreyfus, junto con la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove). El pacto fue clave para desacelerar la conversión de selva en áreas agrícolas, y se convirtió en una referencia global de colaboración público-privada en temas de sustentabilidad y trazabilidad.

El proceso judicial y administrativo en torno al acuerdo ha sido complejo. En agosto de 2025, CADE había decidido suspender la moratoria, pero una semana después un tribunal federal ordenó su reinstalación temporal. Ahora, con la nueva votación, el regulador definió un aplazamiento hasta diciembre de 2025, cuando podría entrar en vigor la suspensión definitiva.

Un modelo ambiental en disputa

Durante la audiencia, el presidente de CADE, Gustavo Augusto, justificó la decisión afirmando que el Estado no puede permitir que "empresas multinacionales extranjeras regulen un producto esencial para la vida humana". Argumentó que la moratoria, aunque ambientalmente positiva, constituye un acto de coordinación privada que puede restringir la competencia y afectar a productores que cumplen con la legislación brasileña. "Estamos hablando de alimento, de proteína; la carne depende de la soja", expresó.

La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), que agrupa a los productores rurales, celebró la medida y calificó la moratoria de "ilegal y perjudicial". Según el gremio, el pacto "excede la legislación nacional y penaliza a quienes poseen tierras legalmente deforestadas antes de 2008". La CNA sostiene que, entre 2018 y 2021, el acuerdo generó pérdidas de más de 4.000 millones de reales (US$750 millones) para los agricultores de la región amazónica.

En contraste, Abiove defendió la vigencia del compromiso ambiental, calificándolo como una fuente de orgullo nacional. Su representante, Francisco Ribeiro Todorov, afirmó que la moratoria "es el principal modelo global de equilibrio entre producción agrícola y protección ambiental, que ha demostrado que es posible crecer sin deforestar".

Los datos respaldan esa afirmación. Un informe conjunto de 2024, elaborado por Abiove y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), reveló que la producción de soja en la Amazonía se multiplicó por 4,5 desde 2008, mientras que la deforestación cayó un 69 % en los 124 municipios monitoreados. El documento subraya que la moratoria fue determinante para consolidar una cadena de suministro libre de deforestación y para cumplir con los compromisos climáticos internacionales de Brasil.

El fiscal federal Daniel Gustavo Santos Rocha, representante de IBAMA en la audiencia, argumentó que el acuerdo "no es ilegal porque la ley ambiental brasileña establece un piso, no un techo, para la protección del ambiente". Además, recordó que los compromisos internacionales de Brasil "exigen estándares más estrictos, con metas de deforestación cero antes de 2030".

Por su parte, Greenpeace Brasil advirtió sobre los riesgos de eliminar el acuerdo sin un plan alternativo. "Sin nuevas iniciativas, no alcanzaremos la meta de deforestación cero ni los objetivos de reducción de emisiones", señaló Cristiane Mazzetti, coordinadora de bosques de la organización.

El debate entre el sector productivo y las ONG refleja la creciente tensión entre las metas de expansión agrícola y los compromisos ambientales de Brasil. Mientras los productores reclaman seguridad jurídica y libertad comercial, los ambientalistas alertan que el levantamiento de la moratoria podría reabrir la frontera agrícola amazónica, favoreciendo la pérdida de bosques y afectando la reputación del país en los mercados internacionales.

Con la decisión de CADE, el futuro de la moratoria queda en suspenso. En los próximos meses, el gobierno brasileño deberá conciliar intereses divergentes: mantener su liderazgo como principal exportador mundial de soja, que genera más de US$60.000 millones anuales, sin retroceder en los avances logrados en materia de sostenibilidad y conservación de la Amazonía.

La industria, los productores y las organizaciones ambientales coinciden en un punto: los meses previos a diciembre de 2025 serán decisivos. Si no se logra un nuevo acuerdo de gobernanza ambiental antes de 2026, Brasil podría perder uno de los instrumentos más efectivos para vincular su agroindustria a la lucha contra la deforestación.