Durante la jornada del martes 14, la Cámara de Diputados de la Nación dio inicio al debate del proyecto impulsado por el legislador Atilio Benedetti, que busca estandarizar las buenas prácticas agrícolas en todo el país y establecer distancias precautorias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos. La propuesta, elaborada junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), fija 10 metros para las aplicaciones terrestres o con drones y 45 metros para las aéreas, además de definir zonas de exclusión en áreas urbanas, escuelas, centros de salud, cuerpos de agua y espacios protegidos.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a más de 50 entidades del sector, celebró el avance del proyecto y destacó que representa "un paso fundamental para dotar al sector agroindustrial y a la sociedad argentina de un marco regulatorio moderno y previsible". Su presidente, Gustavo Idígoras, subrayó que "un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover el desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina".

El texto legislativo propone además un cambio estructural en la gestión y control de las aplicaciones, incorporando la receta digital obligatoria firmada por un ingeniero agrónomo matriculado. Esta receta incluirá la ubicación georreferenciada del lote, los productos a aplicar, las condiciones climáticas y la ventana de aplicación prevista, garantizando así la trazabilidad completa del proceso. También se establecen parámetros meteorológicos estrictos: vientos entre 3 y 15 km/h y un Delta T de entre 2 y 8.

El proyecto incorpora un sistema de capacitación obligatoria cada dos años para aplicadores, asesores y fiscalizadores, dentro del marco de las Buenas Prácticas de Aplicación (BPAF). En paralelo, exige la verificación técnica periódica de los equipos, su matriculación identificatoria y la inscripción en registros provinciales y nacionales. Se prohíbe, además, la circulación de equipos cargados en zonas urbanas y el lavado de remanentes en cursos de agua, en cumplimiento con la Ley 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.

Las autoridades competentes podrán realizar controles en campo, exigir sistemas de monitoreo en equipos autopropulsados y drones, y aplicar sanciones que podrían alcanzar los 1.500 sueldos básicos, incluyendo clausuras temporales o suspensión de actividades. Asimismo, se prevé la creación de programas de vigilancia epidemiológica y ambiental para monitorear residuos en alimentos y evaluar el impacto de las aplicaciones sobre la salud y el ambiente. Toda esta información será de acceso público, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad del sistema agroindustrial argentino.

Desde el CAA remarcaron que el impulso de un marco de buenas prácticas forma parte de sus ejes estratégicos, orientado a favorecer la productividad, el valor agregado y la protección ambiental, además de garantizar seguridad sanitaria para trabajadores y comunidades rurales. En ese sentido, afirmaron que el proyecto "se alinea plenamente con la visión de un sistema agroalimentario competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible".

En un contexto en el que la sustentabilidad y la trazabilidad se vuelven exigencias centrales de los mercados internacionales, el avance del debate sobre la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas aparece como una señal positiva para el sector. Para el agro argentino, lograr reglas claras, previsibles y científicamente sustentadas puede marcar la diferencia entre seguir perdiendo competitividad o consolidar un modelo productivo moderno y sostenible.