Citgo Petroleum, considerada la séptima refinería más grande de Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto judicial, financiero y diplomático de alta envergadura. El proceso judicial en la Corte del Distrito de Delaware apunta a la subasta de acciones de su casa matriz, PDV Holding, para saldar miles de millones en demandas por expropiaciones y bonos impagos.

El detonante fue una antigua reclamación de la minera canadiense Crystallex, tras la expropiación de sus activos por el Estado venezolano. Con los años, la causa sumó a acreedores como ConocoPhillips, Helsinge, Red Tree Investments y otros, que hoy exigen cerca de 19.000 millones de dólares.

Ofertas en disputa: capitales privados al acecho

La subasta, cuyo plazo de recepción de ofertas vence el 18 de junio, ya captó el interés de importantes fondos y grupos energéticos. La propuesta inicial de Red Tree Investments por 3.700 millones de dólares fue considerada insuficiente. Aún así, sirve como base mínima para otras pujas más agresivas.

Entre los potenciales oferentes se destacan:

Vitol, un gigante global en trading de petróleo.

Un consorcio conformado por Gold Reserve, Rusoro Mining y Koch Industries.

Posible participación de Amber Energy, respaldada por el fondo Elliott.

La decisión sobre cuál propuesta será recomendada al tribunal está prevista para antes del 2 de julio, y la audiencia final se celebrará el 18 de agosto.

Valor estimado vs. recuperación real

Aunque analistas valoran a Citgo entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, el tribunal estima que la subasta podría recaudar entre 7.000 y 8.000 millones. Esta diferencia responde no solo a las presiones políticas, sino a la disminución reciente de su rentabilidad: tras ganar 2.000 millones en 2023, registró apenas 305 millones en 2024 y un saldo negativo de 82 millones en el primer trimestre.

La incertidumbre sobre quién podrá adquirir el control también reside en los requisitos regulatorios. El Departamento del Tesoro de EE.UU. debe aprobar cualquier transacción, y la administración de Joe Biden evalúa su impacto geopolítico y energético.

Sanciones, política y control corporativo

Desde 2019, el manejo de Citgo está desvinculado de la petrolera estatal PDVSA, debido a las sanciones impuestas por EE.UU. al gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente, el activo es gestionado por representantes de la oposición venezolana con aval de Washington.

El gobierno de Maduro ha denunciado este proceso como una forma de "robo encubierto de activos soberanos", mientras que los acreedores argumentan que están ejerciendo sus derechos legales frente a incumplimientos contractuales reiterados.

¿Qué está en juego?

Más allá de lo económico, lo que se disputa es el último bastión operativo de Venezuela en el extranjero. Con una deuda externa que ronda los 150.000 millones de dólares, perder Citgo significaría no solo la imposibilidad de colocar crudo pesado en EE.UU., sino también la pérdida de un flujo estable de divisas para cualquier eventual reestructuración económica del país.

La subasta también podría redefinir parte del mapa energético de Norteamérica, ya que Citgo posee capacidad de refinación superior a los 700.000 barriles por día, redes de distribución, estaciones de servicio y terminales estratégicamente ubicadas.

Implicaciones para América Latina

El caso Citgo sienta un precedente que preocupa a otros países con activos en el exterior, en especial aquellos con conflictos legales abiertos o vulnerabilidades macroeconómicas. La interacción entre sanciones internacionales, arbitrajes de inversión y litigios financieros puede transformar el equilibrio entre Estados y capitales privados, afectando la soberanía energética regional.

En un contexto de creciente competencia global por la energía, este proceso es observado con atención por gobiernos, empresas y organismos multilaterales. Citgo representa más que una refinería: es un símbolo de las tensiones entre deuda, justicia internacional y poder geopolítico.