La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) anunció una inversión superior a $161.000 millones para 46 proyectos productivos que benefician a 9.523 integrantes de comunidades indígenas en 17 departamentos del país. El programa busca consolidar procesos agrícolas y agroindustriales en territorios colectivos, impulsando la autonomía alimentaria y el desarrollo económico de los pueblos originarios.

En departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Cesar, las iniciativas abarcan alrededor de 6.000 hectáreas. Allí se fortalecen cultivos básicos, se generan excedentes con valor comercial y se abren oportunidades para que las comunidades amplíen sus ingresos. El modelo no se limita a la producción primaria: también apuesta por la transformación agroindustrial, clave para mejorar la competitividad en mercados locales y regionales.

La estrategia incluye un esquema de cofinanciación. Los pueblos indígenas aportaron más de $50.000 millones como contrapartida, mostrando un compromiso directo con la sostenibilidad de los proyectos. En total, Colombia cuenta con 33,6 millones de hectáreas de territorios indígenas, donde habitan 115 naciones originarias que cumplen un papel esencial en la conservación ambiental: protegen el 22% de los páramos, el 57% de los bosques y el 64% de la biodiversidad nacional. Además, en sus tierras nacen ríos que abastecen tanto a ciudades como a zonas agrícolas del país.

Los testimonios reflejan el impacto de la inversión. Miguel Torres, capitán mayor del Cabildo Mata de Caña (pueblo Zenú), destacó: "Cuando comenzamos a producir nuestro propio alimento, la comunidad entra en un estado de bienestar porque puede acceder a productos que antes no podíamos comprar. Este proyecto nos ha fortalecido sustancialmente."

En el Cauca, Anderson Ramírez, líder indígena del resguardo López Adentros, subrayó: "El molino de arroz nos permite hacer procesos agroindustriales, y ahora podemos decir con orgullo que el arroz que producimos es el que estamos comiendo."

Desde la ADR remarcaron que esta iniciativa representa un hito en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Según la entidad, se trata de una alianza histórica que reconoce sus conocimientos ancestrales y su potencial productivo, además de reforzar su rol como guardianes de los recursos naturales.

El impacto va más allá de lo económico. La inversión fortalece la soberanía alimentaria nacional, fomenta la producción local y reduce la dependencia de productos externos. Además, integra los saberes tradicionales con nuevas tecnologías adaptadas, permitiendo desarrollar una agricultura resiliente frente al cambio climático.

Este esfuerzo marca un paso hacia la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo, en el que las comunidades indígenas no solo resguardan la biodiversidad, sino que también se convierten en protagonistas del crecimiento económico sostenible.