La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, compareció ante la Corte Constitucional para defender la figura de las Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos (Appa), contempladas en el artículo 32 parcial de la Ley 2294 de 2023. La audiencia se dio tras una demanda que cuestiona si estas zonas vulneran la autonomía territorial en la definición de usos del suelo.

Los detractores de la norma sostienen que las Appa son una imposición del nivel central que no toma en cuenta las particularidades locales ni contempla un procedimiento participativo. Sin embargo, Carvajalino argumentó que estas áreas representan un instrumento para garantizar la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria, al tiempo que protegen los suelos de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria.

La degradación de los suelos, un riesgo creciente

La ministra subrayó la gravedad de la pérdida de tierras fértiles en Colombia. Señaló que 40 % del territorio nacional presenta algún grado de degradación y que cada año se pierden aproximadamente 200 millones de toneladas de suelo fértil, según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Carvajalino destacó que el país ya no cuenta con suelos clase agrológica 1 y que los suelos clase 2 se redujeron de 690.000 hectáreas en 2012 a 480.000 en 2024. "En 50 años perdimos la mitad de estas tierras, y en los últimos 12 años más de la mitad restante", advirtió.

También citó estimaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación que prevén que para 2050 el 90 % de los suelos del planeta podría estar degradado, con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria global y la migración de millones de personas.

Las primeras zonas designadas

Actualmente existen dos Appa formalmente declaradas:

Sopó (Cundinamarca), con 1.951 hectáreas (17 % del municipio), reconocida por albergar algunos de los suelos más fértiles del país.

La Guajira, donde 21,35 % del departamento fue incluido para impulsar la producción agropecuaria y atender problemas de desnutrición en comunidades vulnerables.

La ministra aclaró que estas áreas no implican expropiación ni afectan la propiedad privada, ni definen cultivos específicos. Su objetivo es garantizar que los suelos con mayor vocación productiva se preserven para alimentar a la población.

Marco legal y antecedentes

Carvajalino recordó que la protección del suelo tiene antecedentes desde 1974 con el Código de Recursos Naturales. A lo largo de los años, normas como la Ley 101 de 1993 sobre actividades agropecuarias y la Ley 160 de Reforma Agraria han reforzado la idea de que el uso del suelo debe responder a su capacidad productiva y al interés general.

Además, las Appa se articulan con figuras como las zonas de reserva campesina, de las cuales existen actualmente 22 en el país, organizadas para garantizar la producción sostenible de alimentos.

El debate en la Corte Constitucional pone de relieve la tensión entre la autonomía territorial y la necesidad de planificar el uso del suelo en función de la seguridad alimentaria. Carvajalino insistió en que las Appa se enmarcan bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, respetando la legislación vigente y el rol de las entidades territoriales.

Para el Gobierno, la urgencia es clara: revertir la pérdida de suelos fértiles y asegurar que las mejores tierras se destinen a la producción de alimentos, un desafío que impacta de forma directa en la vida de millones de campesinos y en la soberanía alimentaria de Colombia.