Colombia, país de tradición agrícola y reconocido en el mundo por su café, banano y flores, enfrenta hoy una paradoja alarmante: el cultivo de coca se expande a un ritmo que ya supera en área sembrada a varios alimentos básicos de la dieta nacional.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el país alcanzó 253.000 hectáreas de coca en 2023, un incremento frente a las 230.000 reportadas en 2022. Esta cifra no solo preocupa en términos de seguridad y narcotráfico, sino también por el impacto directo sobre la agricultura legal y la seguridad alimentaria.

Según datos oficiales, el área sembrada con coca es mayor a la de yuca (242.991 ha), papa (196.756 ha), cítricos (124.155 ha) y banano (109.465 ha). Incluso supera ampliamente a cultivos de menor escala como mango (41.411 ha) y piña (26.949 ha).

En contraste, los cultivos de mayor superficie aún son el café (838.838 ha), arroz (711.030 ha), palma de aceite (689.915 ha) y maíz (518.551 ha), aunque la distancia con la coca refleja un desequilibrio estructural que evidencia la fuerza de la economía ilegal frente a la producción agrícola tradicional.

Impacto en el agro y en la seguridad

El crecimiento de la coca implica un desplazamiento de cultivos lícitos, debilitando la producción de alimentos básicos y afectando la economía de miles de familias campesinas. A esto se suma el efecto social: el control de estas áreas suele estar en manos de grupos armados ilegales, que utilizan la coca como fuente principal de financiamiento.

"Cuando uno mira los números, lo que se da cuenta es que la estrategia en general no ha dado resultado. El aumento de hectáreas de coca refleja el fortalecimiento de los grupos ilegales y la falta de alternativas económicas en las zonas rurales", señaló Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Bedoya recordó que la última gran reducción de coca se produjo en 2013, cuando las hectáreas bajaron a alrededor de 46.000, apoyadas en la aspersión aérea y una ofensiva integral contra las finanzas del narcotráfico. Hoy, sin embargo, las cifras muestran un retroceso que vuelve a poner en tensión la política antidrogas y las alternativas de desarrollo rural.

Factores que explican el aumento

El auge del cultivo ilícito responde a una combinación de factores: la alta demanda internacional de cocaína, especialmente en Estados Unidos y Europa; la falta de infraestructura, vías y bienes públicos en zonas rurales; y la limitada efectividad de los programas de sustitución voluntaria de cultivos.

Además, la presencia de grupos armados organizados que controlan territorios cocaleros incrementa la violencia, el desplazamiento forzado y la presión sobre comunidades campesinas e indígenas. En paralelo, los cultivos ilícitos suelen estar ligados a deforestación, uso de químicos tóxicos y degradación ambiental, lo que agrava la crisis ecológica en regiones sensibles.

Retos para el Gobierno

Expertos coinciden en que el país necesita redoblar esfuerzos de seguridad, inversión rural y cooperación internacional. La estrategia debe combinar control territorial con alternativas económicas sostenibles que den a los campesinos opciones viables frente a la coca.

"Es fundamental combatir las finanzas de las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, garantizar carreteras, servicios y seguridad en las zonas rurales. Solo así se podrá ofrecer una verdadera salida a las comunidades", sostuvo Bedoya.

En un país con la vocación agrícola de Colombia, que la coca ocupe más hectáreas que la yuca o la papa no es solo un dato estadístico: es un llamado urgente a replantear políticas y a rescatar la fuerza productiva del campo.