El sacrificio de 35.680 aves reproductoras importadas desde Brasil abrió una controversia entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la empresa HY-Line Colombia, filial de la multinacional dedicada a la genética de gallinas ponedoras. La compañía sostiene que los animales estaban clínicamente sanos y que la decisión del organismo sanitario carece de respaldo técnico suficiente, mientras que la medida ya fue ejecutada durante el fin de semana.

El ICA fundamentó su decisión en un resultado positivo para Salmonella Gallinarum, obtenido en un muestreo practicado al ingreso de las aves, el 24 de febrero pasado. Sin embargo, la empresa cuestiona que de un lote tan amplio se haya tomado solo una muestra, y denuncia que el resultado obedeció a una posible contaminación cruzada en el laboratorio. HY-Line asegura que desde entonces el lote permaneció en cuarentena estricta durante ocho meses, sin signos clínicos de enfermedad y con múltiples pruebas -incluso en huevos producidos por las aves- que descartaron la presencia de la bacteria.

En una carta enviada el 22 de agosto a la directora del ICA, Paula Andrea Cepeda, la compañía dejó constancia de que se trataba de un lote "clínicamente sano" con un valor superior a $8.000 millones de pesos y que la medida comprometía cerca del 46 % de la base genética ponedora del país, con riesgo para la seguridad alimentaria. La empresa también señaló que existen segundos resultados negativos emitidos por laboratorios certificados de la Universidad Nacional de Colombia, Aviagen, Animed y autoridades sanitarias de Perú y Chile, además de un segundo muestreo practicado por el propio ICA que habría descartado la infección.

Pese a ello, el Instituto mantuvo la orden de sacrificio mediante la Resolución No. 00003567 del 3 de abril de 2025 y ratificó su decisión en junio, al negar la solicitud de revocatoria presentada por la empresa.

La situación escaló al terreno jurídico: HY-Line interpuso una acción de tutela, que en primera instancia ordenó suspender la medida y practicar nuevas pruebas. Sin embargo, la decisión fue revocada en segunda instancia por motivos formales, al considerar el juez que existían mecanismos judiciales ordinarios para debatir el caso.

La controversia también llegó a los órganos de control. La Contraloría General de la República, a través del contralor delegado para el sector agropecuario, Anwar Salim Daccarett Alavarado, solicitó al ICA los soportes jurídicos y técnicos que justificaron la orden de sacrificio, así como las razones por las cuales no se practicaron pruebas confirmatorias antes de ejecutar la medida. Además, pidió explicar por qué no se tuvo en cuenta el resultado negativo del muestreo realizado en marzo sobre el mismo lote.

Según la empresa, la decisión no solo afecta su patrimonio, sino que pone en riesgo la disponibilidad de genética ponedora en un momento de escasez global, lo que podría repercutir en la producción nacional de huevos. "El lote no solo es clínicamente estable, sino estratégico para la seguridad alimentaria del país", advirtió en la comunicación enviada al ICA.

El caso se encuentra ahora bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que evalúan posibles impactos fiscales, sanitarios y alimentarios. Por su parte, el ICA no se había pronunciado públicamente al cierre de esta edición, aunque anunció que dará a conocer sus argumentos técnicos y legales.

El episodio pone sobre la mesa el debate sobre la gestión sanitaria y la toma de decisiones en el sector avícola, donde los controles estrictos son indispensables para prevenir brotes, pero también deben garantizar rigor científico y proporcionalidad. La industria avícola colombiana, clave para la seguridad alimentaria, queda a la expectativa de cómo se resuelva este choque entre la autoridad sanitaria y una de las principales proveedoras de genética ponedora del país.