Comercio Ilícito en Latam: Una amenaza creciente para las economías y la seguridad regional
El comercio ilícito se ha convertido en un motor del crimen organizado en América Latina, con impactos devastadores sobre la recaudación fiscal, la salud pública y las cadenas de valor agroindustriales.
El comercio ilícito en América Latina ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, según el más reciente informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT).
Tabaco, alcohol y productos falsificados son los rubros más afectados, con consecuencias profundas sobre la salud pública, la seguridad ciudadana y sectores estratégicos como el farmacéutico, el agrícola y el textil.
"El comercio ilícito pone en riesgo a los consumidores al inundar los mercados con productos inseguros y no regulados, mientras las empresas legítimas enfrentan una competencia desleal basada muchas veces en trabajo forzado o infantil", señala TRACIT.
De acuerdo con el Índice de Comercio Ilícito 2025, el país más expuesto de la región es Venezuela, con apenas 27,1 puntos sobre 100, colocándose entre los últimos del mundo, solo por encima de Yemen. Le siguen Haití (32,2), Nicaragua (33,3), Bolivia (38,5) y Honduras (39,3).
En todos los casos, se repiten factores estructurales como crisis institucionales, corrupción, debilidad normativa y falta de control sobre las cadenas de suministro.
En contraste, los países mejor posicionados son Uruguay (64,7), Chile (56,5) y Brasil (56,3), aunque incluso entre ellos persisten rezagos sectoriales que habilitan la expansión de mercados ilegales.
El comercio ilícito genera pérdidas fiscales que superan los US$100 millones en países como Ecuador, solo en el rubro de licores. En Panamá, el 96% de los cigarrillos consumidos son ilegales; en Ecuador el 84% y en Colombia el 36%.
Este fenómeno erosiona la base tributaria, desalienta la inversión privada, reduce la competitividad de los sectores agroindustriales legales y obstaculiza la trazabilidad y la tecnificación de las cadenas agroalimentarias.
América Latina obtiene un puntaje regional de 47,4, muy por debajo de Norteamérica (73,3) o Europa (61). Aunque muestra avances en aduanas (56,9) y entorno económico (58,2), persisten grandes debilidades en regulación (51,1) y facilitadores criminales (51,4).
Los mayores déficits están en intermediarios de la cadena de suministro (24,2) y en indicadores sectoriales (42,9), que reflejan un ecosistema fértil para el desarrollo de economías ilegales.
Contenedores. Contenedores en el Puerto de Buenaventura en Buenaventura, Colombia.
"El informe funciona como una hoja de ruta para diseñar reformas estructurales, políticas eficaces y marcos regulatorios más robustos", explicó Jeffrey Hardy, director general de TRACIT. La prioridad, dice, es identificar vacíos legales y adoptar medidas específicas que reforcen la seguridad comercial, la gobernanza institucional y el desarrollo formal del sector agroindustrial.
La lucha contra el comercio ilícito en América Latina es, por tanto, un desafío multisectorial que demanda cooperación internacional, inversión en capacidades estatales, control logístico y fortalecimiento de las normas fitosanitarias y fiscales. La competitividad del agro regional y la integridad de sus cadenas de valor están en juego.