El proceso de cramdown de Vicentin sumó un nuevo capítulo judicial. En medio de la disputa por el futuro de la agroexportadora santafesina, Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC) presentaron una solicitud ante la Justicia para que se excluya del cómputo de votos a la empresa Avir South S.A.R.L., a la que vinculan directamente con Grassi SA, otro de los grupos interesados en quedarse con el control de la firma.

En un comunicado conjunto, ambas compañías informaron que pidieron al juzgado interviniente en el concurso de Vicentin S.A.I.C. que no se tenga en cuenta el voto de Avir South dentro del procedimiento de cramdown. Según argumentaron, esa acreedora no formaba parte del listado original de acreedores y adquirió sus créditos posteriormente, en el marco de una presunta alianza entre Grassi y CIMA Investments SA, utilizando -afirman- una estructura financiera y societaria offshore que "compromete la transparencia del proceso".

El pedido de exclusión se apoya en la sospecha de que Avir South habría adquirido créditos equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin con fondos de origen vinculado a las mismas empresas y personas que hoy compiten por la compañía. En la presentación judicial se detalla que los recursos provinieron de Soripel SA, una sociedad uruguaya controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South. Esa firma, a su vez, habría recibido dinero de Scarlett Sunset Ltd. (Bahamas), vinculada a la familia Grassi; de Comfi SA (Rosario), cuyos directores integran el estudio Casanova, asesor legal de Grassi; y de Invergrain Corp. (Islas Vírgenes Británicas), presuntamente también relacionada con CIMA.

"El voto de Avir South no debe contarse a los fines de alcanzar las mayorías requeridas por la ley, pues no se trata de un acreedor original de Vicentin, sino de uno que ingresó con posterioridad y bajo el control de un grupo competidor", sostienen Molinos Agro y LDC. Las empresas advirtieron que permitir el voto de acreedores incorporados de esta manera podría abrir la puerta a un "tráfico de votos" y a la manipulación del resultado del cramdown, afectando los derechos de los acreedores genuinos.

Vicentin cayó en concurso de acreedores en febrero de 2020, tras declararse en cesación de pagos con un pasivo superior a los US$1500 millones. Desde entonces, el proceso judicial se transformó en uno de los más complejos del sistema financiero argentino, involucrando a bancos internacionales, productores, cooperativas y grandes empresas del agro.

En diciembre de 2024, CIMA Investments SA había comprado una porción significativa de la deuda de Vicentin a varias entidades financieras internacionales, entre ellas el IFC, FMO, ING, Rabobank, MUFG, SMBC y Natixis, por un monto total superior a US$447 millones. Aquella operación ya había generado preocupación entre algunos acreedores por la posibilidad de que CIMA, Grassi y otras sociedades vinculadas operaran de manera coordinada para influir en la votación del proceso de salvataje.

Ahora, con el pedido formal de Molinos Agro y LDC, el foco vuelve a estar en la transparencia del cramdown y en las condiciones en que se definirán las mayorías legales que determinarán quién se queda con la emblemática cerealera. "Nuestra presentación busca preservar la equidad y evitar que el proceso se desvirtúe en perjuicio de los acreedores legítimos", concluyeron las empresas en su comunicado.

Mientras tanto, el juez deberá resolver si acepta o no la exclusión del voto de Avir South, una decisión que podría reconfigurar el tablero del proceso y modificar el peso relativo de cada grupo en la puja por el control de Vicentin, símbolo de la crisis y reconfiguración del negocio agroexportador argentino.