El Gobierno Nacional de Ecuador implementó nuevos mecanismos para la compra directa de arroz, con el objetivo de respaldar a los pequeños y medianos productores de las provincias de Guayas y Los Ríos, que concentran más del 90 % de la producción nacional del grano.

Las modalidades aplicadas son la gestión delegada y la contratación pública, ambas orientadas a garantizar precios justos, reducir la intermediación y fortalecer la cadena productiva, en un momento clave para el sector arrocero ecuatoriano.

Compra directa y precio de sustentación

En el caso de la gestión delegada, sustentada en el Decreto Ejecutivo N.º 596, se permitirá la compra, almacenamiento y venta del arroz a través de piladoras privadas, bajo un esquema de colaboración entre el Estado y el sector industrial. El plan prevé adquirir hasta 24.000 toneladas de arroz cáscara al precio mínimo de sustentación fijado en USD 34 por el grano corto y USD 36 por el grano largo.

Esta medida busca frenar la especulación de precios, reducir la sobreoferta y asegurar una retribución justa para los productores, quienes enfrentan márgenes ajustados y costos crecientes de insumos. Además, constituye una estrategia para estabilizar el mercado interno, mejorar la liquidez rural y brindar previsibilidad a los agricultores en plena época de cosecha.

En paralelo, mediante la modalidad de contratación pública, el Gobierno ya adjudicó la compra de 54.059 quintales de arroz pilado -equivalentes a 5.405 toneladas- provenientes de productores de Guayas y Los Ríos, con una inversión total de USD 1.729.888.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) explicó que la medida forma parte del proceso de redistribución de recursos públicos hacia los pequeños productores, con el fin de mejorar su rentabilidad y promover la participación del sector privado en la comercialización regulada del arroz.

Según datos del MAG, Ecuador produce anualmente más de 1,4 millones de toneladas de arroz, de las cuales el 60 % proviene de pequeños agricultores que cultivan menos de 10 hectáreas. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro conforman el núcleo arrocero del país, donde el cultivo genera más de 250.000 empleos directos y es fuente principal de ingresos rurales.

Las acciones implementadas permitirán cumplir el precio mínimo oficial, promover la participación transparente de las agroindustrias y fortalecer la sostenibilidad del sector arrocero. Con ello, el Gobierno busca poner fin a las prácticas de intermediación abusiva que históricamente han afectado la rentabilidad del productor primario.

El impacto será tanto económico como social: asegura ingresos estables y liquidez inmediata a los agricultores, protege a los productores más vulnerables y fomenta la participación de las piladoras privadas bajo un esquema regulado. Al mismo tiempo, contribuye a ordenar el mercado, disminuir las pérdidas por sobreoferta y estimular la producción local, reduciendo la dependencia de importaciones.

Representantes del sector coincidieron en que la medida genera confianza. Los gremios arroceros sostienen que el esquema mixto permitirá mayor previsibilidad de precios y flujo comercial estable. Desde el Gobierno, se destacó que esta política responde a una visión de largo plazo orientada a construir un mercado más equitativo, donde la intervención estatal no sustituye la iniciativa privada, sino que la complementa.

Con estas acciones, el Ejecutivo consolida un modelo de gestión inclusiva y eficiente, que combina la acción estatal con la colaboración privada, orientado a ordenar la comercialización, fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar precios justos en beneficio del campo ecuatoriano.