La leche vuelve a ocupar el centro del debate legislativo y agroproductivo en Ecuador. Esta semana, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional ratificó su respaldo a la Ley Orgánica para el Fomento, Consumo y Comercialización de la Leche y sus Derivados, una norma que ha sido considerada estratégica para la seguridad alimentaria del país.

Durante una sesión que reunió a representantes del sector público y privado, la Comisión reafirmó que esta legislación es clave para proteger los intereses de los productores nacionales, quienes enfrentan presiones por bajos precios de compra, competencia desleal de productos importados y una demanda interna estancada.

La normativa, vigente desde 2023, establece un marco legal para garantizar un precio mínimo sustentable para el litro de leche cruda, además de incentivar el consumo mediante campañas educativas y políticas de compras públicas. También prohíbe prácticas comerciales abusivas por parte de grandes industrias y promueve el fortalecimiento de la cadena de valor láctea, desde el productor hasta el consumidor.

Eduardo Mendoza, vicepresidente de la Comisión, enfatizó que la ley no solo se mantiene vigente, sino que debe ser defendida activamente frente a intentos de desarticulación. Señaló que existe presión de ciertos sectores empresariales para revisar puntos clave, como los precios mínimos, pero aseguró que "cualquier ajuste debe partir del principio de justicia para el productor".

Por su parte, asociaciones de ganaderos y cooperativas lecheras advirtieron que la situación en el campo es crítica. "Hay productores que venden por debajo del costo de producción. Sin regulación y sin apoyo del Estado, el abandono del campo se vuelve una amenaza real", alertó una vocera de la Asociación de Productores Lácteos de la Sierra.

El consumo per cápita de leche en Ecuador aún está por debajo del promedio recomendado por la FAO, y los índices de desnutrición infantil siguen siendo una preocupación estructural. En ese marco, la ley adquiere una dimensión no solo económica, sino social y sanitaria. Fomentar el consumo nacional es visto como una herramienta para mejorar la nutrición y activar la economía rural.

Además, se anunció que en las próximas semanas se evaluará un informe sobre los impactos de la implementación de la ley en las provincias productoras, con el objetivo de identificar cuellos de botella y ajustar mecanismos de control y fiscalización.

El debate también abre una puerta al rediseño de políticas agropecuarias integrales, que incluyan créditos blandos, inversión en tecnificación, acceso a mercados y políticas de comercio exterior que prioricen los productos nacionales.

En un contexto regional donde muchos países apuestan por la industrialización del agro con fuerte inversión pública, Ecuador reafirma su estrategia de proteger al productor desde el marco legislativo. El desafío ahora es convertir esa protección en resultados concretos en el bolsillo del ganadero y en la mesa de los ecuatorianos.