En medio de las inundaciones que golpean al centro-oeste bonaerense, donde más de un millón de hectáreas quedaron afectadas según un relevamiento de Carbap, dos diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto para reformar la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, sancionada en 2009. El objetivo es claro: que la normativa deje de ser un instrumento burocrático y pase a ser una herramienta eficaz frente a catástrofes climáticas que cada vez son más frecuentes.

La ley vigente creó un fondo de $500 millones anuales para asistir a los productores afectados por sequías o inundaciones. En su momento, esa cifra parecía significativa, pero hoy resulta prácticamente simbólica frente a los daños que deja cada evento climático. Para tener dimensión, solo en la última sequía el agro argentino perdió ingresos por más de 20.000 millones de dólares, mientras que las recientes inundaciones dejaron productores sin cosecha, sin pasturas y con la hacienda comprometida.

Los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López plantean elevar ese monto a un mínimo de $130.000 millones, con un mecanismo de actualización automática ligado al precio del gasoil, de manera de evitar que el fondo vuelva a quedar desactualizado con el correr de los años. 

Pero no se trata solo de más recursos: la iniciativa también apunta a acelerar los plazos administrativos. Hoy, para que se reconozca una emergencia agropecuaria a nivel nacional, primero la provincia debe declararla y luego elevar el pedido a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Este organismo tiene plazos extensos y, muchas veces, la asistencia llega tarde. Con la reforma, si en cinco días hábiles no hay respuesta, la emergencia se considerará automáticamente aprobada.

A esto se suma un capítulo clave: el alivio fiscal. La propuesta establece que los productores afectados no paguen retenciones de exportación, se reduzca a cero la alícuota del impuesto al cheque y se suspenda el cobro de anticipos impositivos. "La emergencia no puede ser una herramienta política al servicio de la recaudación. Cuando los productores enfrentan sequías o inundaciones necesitan alivio inmediato", señaló López al presentar el proyecto.

La emergencia agropecuaria, en la práctica, permite a los productores acceder a prórrogas en el pago de impuestos, facilidades crediticias y beneficios fiscales. Sin embargo, el esquema actual es engorroso y termina siendo poco útil en el terreno. La semana pasada, el Gobierno nacional declaró en emergencia a 12 distritos bonaerenses, entre ellos Puán, 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar y Saladillo. Pero la pregunta de fondo es si esas declaraciones realmente se traducen en una ayuda concreta.

El agro argentino viene de encadenar años complejos: la sequía histórica de 2022/23, la caída en la producción de soja y maíz, la presión de las retenciones, la brecha cambiaria y los costos logísticos que restan competitividad frente a países como Brasil o Uruguay. En este contexto, un esquema de asistencia más ágil y con fondos reales puede marcar la diferencia entre sostener la producción o desaparecer del mapa.

La propuesta de la Coalición Cívica también busca enviar una señal política: dejar en claro que el Estado no puede quedarse en la retórica mientras miles de productores pierden capital de trabajo, tierras productivas y capacidad de exportación. Para un país que depende del ingreso de divisas del campo, no tener un sistema de respuesta eficiente es pegarse un tiro en el pie.

El debate que abre esta reforma no es menor. ¿Debe la Argentina mantener un esquema centralizado y discrecional para declarar emergencias? ¿O corresponde dotar al sistema de reglas claras, automáticas y con financiamiento garantizado? Lo que está en juego no es solo la coyuntura de unas hectáreas anegadas, sino el futuro de la producción agropecuaria frente al cambio climático y un escenario global donde la demanda de alimentos crece mientras los márgenes de competitividad se achican.

El agro regional avanza: Brasil multiplica sus exportaciones de soja y maíz, Uruguay consolida su lugar como proveedor de carne de alta calidad, y Paraguay amplía su frontera agrícola. La Argentina, en cambio, sigue discutiendo retenciones, infraestructura deficiente y fondos de asistencia que no alcanzan ni para cubrir una cosecha perdida en un solo partido bonaerense.

En definitiva, el proyecto de Borrego y López busca actualizar una ley que quedó vieja y dotar de previsibilidad al sistema. Argentina necesita un marco de emergencia que esté a la altura de su potencial agroexportador y que acompañe al productor cuando la naturaleza golpea. Porque, al fin y al cabo, de la capacidad del campo para sostenerse en pie depende buena parte de la economía nacional.