El Fondo Monetario Internacional (FMI) envió una señal de respaldo político y económico al Gobierno argentino en uno de los momentos más delicados del año. Tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y la fuerte volatilidad en los mercados, la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff técnico colabora con las autoridades locales para "afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento". El mensaje, replicado rápidamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego por el propio Presidente, fue leído como un aval a la estrategia oficial de mantener el rumbo económico a pesar de las presiones internas y externas.

La frase más resonante fue la ratificación de que el Fondo acompaña la implementación del esquema de bandas cambiarias, una herramienta que busca contener la volatilidad del peso frente al dólar. El Gobierno ya había recurrido a la intervención del Tesoro para moderar los saltos del tipo de cambio, en coordinación con el Banco Central (BCRA). Si bien esa decisión generó ruido en Wall Street, la señal posterior del FMI despejó dudas y confirmó que la estrategia cuenta con el visto bueno del organismo.

Milei aprovechó el respaldo para reafirmar públicamente su hoja de ruta: equilibrio fiscal a rajatabla, disciplina monetaria y continuidad del régimen cambiario acordado. Además, insistió en que seguirá profundizando la desregulación de la economía. En su visión, no se trata solo de sostener la estabilidad en el corto plazo, sino de dar señales claras a los mercados de que no habrá marcha atrás con las reformas estructurales.

El telón de fondo de esta pulseada es, como siempre en la Argentina, la generación de divisas. Y en ese terreno el agro vuelve a ser el gran protagonista. Con las exportaciones de soja, maíz, trigo y carne como principal fuente de dólares genuinos, el Gobierno intenta acelerar la liquidación del sector para reforzar las reservas. No es casual que, en paralelo al respaldo del FMI, Milei anunciara rebajas en las retenciones de varios complejos productivos: soja, maíz, sorgo, girasol y carne. El recorte de hasta siete puntos porcentuales busca darle aire al productor y mejorar la competitividad frente a países vecinos como Brasil o Uruguay, que operan con menores cargas fiscales.

El problema es que, pese a los incentivos, los productores se muestran cautelosos a la hora de vender. A mediados de abril apenas se había comercializado un 20% de la cosecha, un número muy bajo en comparación con otros años. La incertidumbre climática, la brecha cambiaria y la expectativa de posibles mejoras en el tipo de cambio oficial explican esta demora. En otras palabras, el campo sigue siendo la llave del ingreso de dólares, pero todavía no pisa el acelerador.

El agro ya había sido uno de los sectores que más empujó la recuperación inicial de la economía. En 2024, tras una sequía histórica, la producción repuntó y se convirtió en la principal fuente de crecimiento, con un salto cercano al 80% interanual. Sin embargo, ese rebote encontró rápidamente un techo: los precios internacionales comenzaron a moderarse, la presión de los costos internos se intensificó y las restricciones logísticas siguen jugando en contra.

El FMI observa con atención este panorama porque el éxito del programa argentino depende, en gran parte, de la capacidad de acumular reservas. Y esa capacidad está atada a la performance de las agroexportaciones. La reducción de retenciones es una pieza central, pero no suficiente. El país necesita mejorar infraestructura, acelerar inversiones en puertos y transporte, y garantizar previsibilidad para que los productores liquiden sin especulaciones.

En el mercado financiero, el respaldo del FMI trajo un alivio momentáneo: tras la corrida cambiaria del lunes posterior a las elecciones bonaerenses, los activos argentinos rebotaron y el dólar se estabilizó dentro de la banda prevista. No obstante, la tensión sigue latente. El riesgo país permanece en niveles elevados, las acciones recuperaron solo una parte de lo perdido y la incertidumbre política de cara a las elecciones legislativas de octubre genera dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico sin sobresaltos.

La relación entre el FMI, el esquema cambiario y el agro muestra hasta qué punto la economía argentina está condicionada por el flujo de divisas. Cada tonelada de soja o maíz exportada es, al mismo tiempo, una garantía para que el país cumpla sus metas con el organismo. El círculo se retroalimenta: el Fondo respalda el programa porque ve disciplina fiscal y monetaria, pero ese equilibrio depende de que el campo liquide y genere dólares. Y los productores, a su vez, esperan señales de confianza para vender su cosecha sin temor a cambios de reglas.

En medio de esa tensión, el Gobierno apuesta a que la combinación de ajuste fiscal, desregulación y reducción de impuestos al agro genere la confianza suficiente para sostener la estabilidad cambiaria. El desafío es enorme: lograr que la política, la economía y el campo tiren en la misma dirección.