En una medida largamente esperada por los actores de la cadena cárnica, el Gobierno nacional resolvió eliminar 28 normativas consideradas obsoletas, que ya no respondían ni al contexto productivo ni a la estructura actual del sector ganadero argentino. La decisión fue oficializada por la Resolución N°119/2025, firmada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las normas derogadas correspondían a dos organismos ya disueltos: 20 resoluciones de la Junta Nacional de Carnes (1978-1991) y 8 de la ex ONCCA (2001-2011). Ninguna de ellas estaba siendo aplicada ni observada, y muchas implicaban procesos burocráticos superados por los sistemas digitales actuales.

"No solo no tenían vigencia práctica, sino que entorpecían el desarrollo y la competitividad del sector", expresaron desde la cartera agropecuaria.

Una simplificación normativa que apunta al futuro

Esta eliminación normativa se enmarca dentro de un plan más amplio de simplificación regulatoria para el sector agropecuario. Ya se habían tomado decisiones en la misma línea, como la eliminación del régimen de precios de referencia para bovinos, la flexibilización de los horarios obligatorios de faena y la reducción de requisitos arancelarios para la exportación.

El objetivo de fondo es claro: construir un entorno normativo previsible, eficiente y alineado con los tiempos de la producción moderna, favoreciendo la inversión, tecnificación y trazabilidad de la carne argentina.

Digitalización y eficiencia para una ganadería moderna

Uno de los principales problemas de las normas derogadas era su falta de adecuación al actual entorno digital. Muchas exigencias estaban pensadas para esquemas manuales o controles presenciales, que hoy han sido reemplazados por sistemas automatizados, trazabilidad electrónica y gestión remota.

Este paso busca integrar a toda la cadena ganadera en un modelo más ágil y profesionalizado, con reglas claras y adaptadas a los desafíos actuales del comercio internacional de carnes.

Impacto en productores, frigoríficos y exportadores

Los beneficios son transversales: desde el productor hasta los frigoríficos y exportadores, todos los actores ganan en previsibilidad, reducción de costos operativos y mayor velocidad en los procesos comerciales. También se facilita el acceso al crédito agropecuario y se fortalece la competitividad internacional de la carne argentina, clave en un mercado cada vez más exigente.