Su rol en la siembra directa y en el modelo productivo argentino lo convierte en un insumo difícil de reemplazar, más allá de la creciente resistencia de algunas malezas y del debate ambiental. Sin embargo, hoy el problema ya no está solo en los campos, sino en los tribunales de Estados Unidos y Europa.

La compañía alemana que lo produce bajo su marca más reconocida enfrenta más de 180.000 demandas judiciales, con acuerdos que ya superan los USD 11.000 millones. En California, un jurado llegó a condenarla a pagar casi USD 300 millones a un demandante que vinculó el herbicida con un caso de cáncer. Aunque la EPA insiste en que el glifosato es seguro, la presión de la opinión pública y los movimientos políticos como Make America Healthy Again empujan a los tribunales hacia fallos adversos.

En este escenario, la empresa ya deslizó que podría retirarse del negocio global antes de la campaña agrícola 2026. Y allí aparece un riesgo geopolítico enorme: si la alemana deja de producir, el mercado quedaría dominado por los genéricos chinos, que hoy representan buena parte de la oferta mundial. El peligro no es menor: un eventual monopolio chino podría derivar en aranceles altísimos o incluso en un embargo selectivo, dejando a países como la Argentina en una situación de vulnerabilidad total.

¿Qué significa esto para nosotros? En la Argentina, el glifosato sigue siendo la columna vertebral del sistema agrícola. Representa, junto a las sojas RR, la base de un modelo que permitió expandir la frontera productiva a zonas antes impensadas. Quitar esa herramienta de golpe sería retroceder décadas: volver a la labranza convencional, depender de productos más viejos y menos efectivos, incrementar los costos de producción y, probablemente, perder competitividad frente a Brasil o Paraguay.

El debate no es solo técnico, también es político. En un contexto de brecha cambiaria, retenciones y trabas logísticas, que un insumo clave como el glifosato quede en manos de un solo país -y encima con tensiones comerciales crecientes entre Occidente y China- debería encender todas las alarmas. Porque no se trata únicamente de malezas: se trata de la soberanía productiva de la región.

Ahora bien, ¿hay salida? La respuesta no puede ser depender ciegamente de un solo químico. Las resistencias ya nos vienen marcando el camino: necesitamos diversificar herramientas y apostar por la innovación. La biotecnología, la agricultura digital, la robótica y hasta la inteligencia artificial aplicada al manejo de malezas pueden ser parte de esa transición. Pero no nos engañemos: desarrollar un nuevo fitosanitario lleva entre 10 y 15 años, y el clima judicial actual desincentiva a las compañías a invertir en investigación.

Lo que está en juego, entonces, no es solo el futuro del glifosato, sino la capacidad de la agricultura de adaptarse sin perder eficiencia ni competitividad. La paradoja es brutal: las campañas judiciales que dicen buscar más seguridad pueden terminar empujándonos a usar productos más viejos, menos eficaces y más dañinos para el ambiente.

La Argentina, como granero del mundo, no puede mirar este tema de costado. Dependemos demasiado del glifosato como para que la geopolítica o los tribunales extranjeros nos definan el futuro. Tal vez haya llegado la hora de pensar seriamente en un plan estratégico nacional de innovación agrícola, que reduzca esa dependencia y que nos permita competir sin quedar a merced de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia.

Porque si algo nos enseña esta historia es que el campo no solo se juega en la siembra o en la cosecha. También se juega en los tribunales de California, en los directorios de Leverkusen y en los despachos de Beijing. Y si no estamos preparados, la factura la vamos a pagar nosotros, productores y consumidores argentinos.