Los gremios Apinta y ATE anunciaron que presentarán un reclamo penal contra el Gobierno tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1240/2025, que pasó a disponibilidad a 343 trabajadores del INTA, el Inase y el INV.

Los sindicatos sostienen que la medida es "ilegal" porque desconoce dos hechos clave: la cautelar vigente del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y el rechazo del Senado al DNU 462/2025, que modificaba la estructura de los organismos.

Según el secretario general de Apinta, Mario Romero, la decisión oficial "es de absoluta nulidad" y representa un acto de "desobediencia a la Justicia". "El listado publicado es ilegal porque estaba vigente la cautelar y el rechazo del Senado. [El Gobierno] avanza con bronca sobre los trabajadores", señaló.

La medida afecta a 286 empleados del INTA, 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura y 8 del Inase. Desde el gremio remarcan que los trabajadores siguen cumpliendo funciones y que aún no hubo impedimentos de ingreso en las sedes del interior.

Por su parte, Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA e incluida en el listado, advirtió que la resolución "está por fuera de toda legalidad" y anticipó que no tendrá vigencia: "Ganamos la calle, el Parlamento y la Justicia. Ahora el Gobierno avanza contra todos esos poderes".

En la misma línea, Gloria Gómez, delegada de ATE en el exInase, denunció que el Ejecutivo embiste contra "los más vulnerables, generando angustia no sólo en los trabajadores, sino también en sus familias, y rompiendo el sistema democrático".

Los asesores legales de los gremios coinciden en que la resolución "viola la división de poderes" y que ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, tenían facultades para disponer cambios estructurales ni despidos.

Por ahora, las autoridades del INTA no respondieron a los pedidos de explicación, mientras que los gremios ultiman la presentación judicial que buscará frenar la medida y responsabilizar penalmente al Gobierno por el incumplimiento de las resoluciones previas.