En el corazón del oriente boliviano, la comunidad indígena ayorea Tie Uñá sobrevive entre el polvo, la ceniza y la indiferencia. Desde hace más de tres años, sus integrantes viven en carpas improvisadas, sin acceso a agua potable, electricidad ni viviendas estables, tras haberlo perdido todo en los devastadores incendios forestales que arrasaron con sus tierras ancestrales en Santa Cruz.

La comunidad representa una de las tantas víctimas invisibilizadas de la crisis climática y del avance desregulado de la frontera agropecuaria en Bolivia. Allí, el fuego no solo consumió los bosques, sino también la posibilidad de sostener modos de vida tradicionales, expulsando a familias enteras a un exilio interno forzado. En 2024, el país vivió su peor temporada de incendios: más de 12,6 millones de hectáreas fueron afectadas, ubicando a Bolivia como el segundo país de América Latina con mayor pérdida de cobertura boscosa, solo por detrás de Brasil.

El caso de Tie Uñá revela un patrón que se repite en varias regiones: políticas de expansión agrícola sin controles ambientales, ausencia de planificación territorial, y una débil institucionalidad que falla en proteger a las comunidades originarias. En muchos casos, el uso del fuego como herramienta para abrir campos de cultivo o pastoreo se convierte en una amenaza letal cuando pierde control, alimentado por la sequía, la falta de vigilancia y el desinterés político.

El documental "Después de un incendio", realizado por una cineasta boliviana y recientemente premiado en festivales internacionales, retrata de forma cruda la cotidianeidad de las familias desplazadas. Cenizas contaminando los ríos, niños enfermos por dormir a la intemperie, madres cocinando en fogatas al costado del camino, y una comunidad que, pese a todo, sigue reclamando su derecho a regresar, a reconstruir, a ser escuchada.

Sin documentos de identidad, muchos ayoreos no pueden acceder a servicios básicos de salud, educación ni programas sociales. Algunos consiguen trabajo ocasional en haciendas, pero la mayoría subsiste gracias a redes de solidaridad. A nivel nacional, la respuesta institucional ha sido mínima, con promesas incumplidas y planes de reubicación sin financiamiento ni consulta previa.

La tragedia de Tie Uñá se suma a una tendencia alarmante en la región. Según datos del PNUD, la pérdida masiva de bosques vinculada a incendios incrementa los niveles de pobreza hasta en un 8% en las zonas afectadas. A su vez, la falta de acceso a servicios públicos en territorios indígenas expone la profunda desigualdad estructural que persiste en América Latina.

Sin embargo, surgen también iniciativas de resistencia y resiliencia. Brigadas de mujeres indígenas combaten incendios en la Chiquitania. Comunidades que reforestan con especies nativas. Proyectos piloto de agricultura regenerativa. La acción comunitaria, aunque limitada por los recursos, demuestra que otro modelo es posible.

La situación de los pueblos indígenas desplazados por los incendios interpela a toda la región. Exige una respuesta integrada que articule políticas de prevención, inversión en infraestructura resiliente, reconocimiento territorial y financiamiento internacional para la adaptación climática. Más allá del drama ambiental, lo que está en juego es el derecho a permanecer, a decidir sobre el propio territorio, y a no ser condenado al olvido por un modelo de desarrollo que, en nombre del progreso, arrasa con la vida.

El fuego en Bolivia no solo quema árboles: también desarraiga pueblos. Y mientras no se escuchen sus voces, seguirán sobreviviendo en los márgenes, esperando una justicia que tarda demasiado en llegar.