El comercio agropecuario boliviano enfrenta una coyuntura crítica con la inminente paralización de la importación de insumos agrícolas debido al vencimiento de los registros emitidos bajo la Decisión 804 de la Comunidad Andina (CAN), vigente hasta el 25 de junio. La alerta fue emitida por la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), que advirtió que, de no mediar una solución institucional urgente, Bolivia podría enfrentar serios problemas en la provisión de productos clave para la agricultura como fertilizantes, agroquímicos y productos biológicos.

Desde la implementación del proceso de adecuación al nuevo marco normativo de la CAN en 2017, se presentaron más de 1.600 solicitudes de revalidación para productos en el rubro. Sin embargo, hasta la fecha solo 350 fueron efectivamente aprobadas, una cifra que contrasta con los más de 460 registros por año que se tramitaban en el periodo anterior. Esta baja tasa de aprobación ha generado un cuello de botella administrativo que compromete el abastecimiento del mercado.

La situación se agrava porque, pese a que la CAN ya habría resuelto otorgar una prórroga para la adecuación normativa, la misma aún no ha sido publicada oficialmente en la gaceta correspondiente, por lo que no tiene validez jurídica. Esto podría implicar que a partir del 26 de junio no exista respaldo legal para comercializar, distribuir ni importar estos productos en territorio boliviano, lo que generaría una parálisis operativa en la cadena agroalimentaria nacional.

Desde APIA señalan que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) no cuenta con los recursos ni la capacidad institucional suficiente para responder a la alta demanda de trámites, lo que contribuye a la lentitud del proceso. A ello se suma la ausencia de una resolución transitoria nacional que permita dar continuidad a los registros mientras se resuelve el vacío legal generado por la demora en la publicación de la extensión del plazo.

En paralelo, la Asociación de Representantes e Importadores de Productos Agropecuarios (APRISA) pidió a las autoridades una acción inmediata para evitar que el comercio de estos productos quede en una situación de ilegalidad. Su presidente, Jorge Araníbar, remarcó que si no se da una respuesta institucional urgente, los impactos podrían sentirse no solo en el comercio de insumos, sino también en la productividad del agro nacional.

El contexto actual ocurre en un momento clave del calendario agrícola: la campaña de invierno no se verá afectada, ya que la mayoría de los insumos ya fueron adquiridos, pero si no se soluciona este tema a tiempo, la campaña de verano 2025-2026 corre serio riesgo. Esta temporada es crucial para el abastecimiento de los principales cultivos extensivos del país, lo cual pone en tensión la seguridad alimentaria y la balanza comercial agrícola.

En el plano técnico, la falta de productos con registro vigente vulnera la trazabilidad, expone a los productores al uso de insumos sin respaldo normativo, y debilita la resiliencia del sistema productivo frente a la variabilidad climática. Además, la posibilidad de recurrir a compras de emergencia puede derivar en aumentos de precios CIF y FOB, afectando la competitividad regional y el acceso a mercados de exportación más exigentes en términos de normas fitosanitarias.

Este escenario también genera una barrera no arancelaria de facto, que compromete la integración regional y los avances logrados en materia de armonización normativa agrícola en el marco de la CAN. Países vecinos que sí han avanzado en sus procesos internos de adecuación podrían beneficiarse de esta situación, aumentando su participación en el mercado boliviano en desmedro de los proveedores locales.

Los proveedores temen que esta crisis normativa también ponga en duda la confianza de los organismos internacionales y de los actores de la cadena agroexportadora en la institucionalidad boliviana, generando incertidumbre en inversiones, alianzas tecnológicas y financiamiento. El uso de biotecnología, la adopción de agricultura digital y las certificaciones para productos sostenibles podrían verse estancadas en un contexto sin claridad regulatoria.

La comunidad agroempresarial boliviana demanda que el gobierno actúe de inmediato. Una resolución nacional transitoria, sumada a la publicación oficial de la prórroga regional, serían pasos clave para garantizar la continuidad del abastecimiento, mantener la tecnificación del agro y cumplir con los compromisos internacionales de sustentabilidad y comercio agrícola seguro.