Mientras América Latina consolida su papel como proveedor clave de alimentos al mundo, con el 14% de las exportaciones agroalimentarias globales, los desafíos en infraestructura y logística se convierten en factores limitantes críticos. A pesar del crecimiento de la producción agrícola, los costos logísticos regionales oscilan entre el 18% y el 35% del valor del producto, más del doble que en países de la OCDE, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Buena parte de los corredores logísticos que conectan zonas rurales con centros de acopio y terminales portuarias presentan deficiencias severas. El deterioro de caminos rurales, la limitada red ferroviaria y la baja integración multimodal son realidades compartidas por potencias agroexportadoras como Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. Estas limitaciones no solo aumentan los costos internos, sino que también afectan la trazabilidad, los tiempos de entrega y el cumplimiento de normas fitosanitarias internacionales.

Los principales puertos agroexportadores, como Santos, Rosario, Guayaquil, Cartagena o Veracruz, operan frecuentemente al límite de su capacidad. La falta de dragado, demoras en la modernización de terminales y cuellos de botella aduaneros reducen la eficiencia operativa, especialmente en épocas de cosecha. A esto se suma una baja digitalización en los procesos de despacho, carga y monitoreo logístico, aspectos clave para acceder a mercados premium y cumplir con estándares del T-MEC, la Unión Europea o China.

Las barreras no arancelarias derivadas de la logística son cada vez más relevantes. La imposibilidad de garantizar entregas en tiempo y forma, o de certificar una cadena de frío continua, impacta directamente en el acceso a nuevos mercados. Productos con mayor valor agregado, como frutas frescas, productos orgánicos, carnes premium o agroindustria de nicho, requieren infraestructuras modernas y trazabilidad digital, condiciones que aún no están garantizadas de manera uniforme en la región.

Diversos organismos internacionales como el BID, la CAF y el IICA promueven iniciativas para mejorar la conectividad rural, digitalizar corredores agroexportadores y modernizar puertos estratégicos. Proyectos como el Corredor Bioceánico Capricornio, la ampliación del Canal de Panamá y el dragado del río Paraná forman parte de un nuevo mapa logístico en construcción. Sin embargo, los avances son desiguales, y muchas obras clave enfrentan retrasos por falta de financiamiento, marcos regulatorios obsoletos o conflictos de gobernanza territorial.

La vulnerabilidad de las infraestructuras frente a fenómenos climáticos extremos también representa un desafío emergente. Sequías prolongadas, inundaciones y ciclones afectan rutas, depósitos y operaciones portuarias, lo que exige una nueva mirada de largo plazo basada en resiliencia e inversión climáticamente inteligente.

En este escenario, la integración regional aparece como una solución estructural. Una mayor coordinación logística entre países, la interoperabilidad de sistemas de trazabilidad, acuerdos de facilitación de comercio y la estandarización de normas pueden reducir los sobrecostos que afectan a los productores, especialmente a los más pequeños. La planificación estratégica de infraestructura con enfoque agroexportador debe formar parte de las agendas nacionales y regionales si se quiere fortalecer la balanza comercial agrícola y sostener la inserción en las cadenas globales de valor agroalimentarias.

El agro latinoamericano no puede depender solo de su ventaja climática o la fertilidad de sus suelos. Necesita caminos, puertos, digitalización y conectividad del siglo XXI. Sin logística eficiente, no hay agro competitivo ni exportaciones sostenibles.