El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó este viernes la puesta en "situación de disponibilidad" de 343 trabajadores pertenecientes al INTA, al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al ex Instituto Nacional de Semillas (Inase). La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante la resolución 1240/2025, en el marco de la profunda reestructuración que impulsa el Gobierno sobre los organismos descentralizados.

La medida llega en un clima de tensión creciente: apenas un día antes, el Senado frenó el decreto que buscaba modificar el INTA e integrar al INV y al Inase bajo la Secretaría de Agricultura, y la Justicia concedió un amparo a los gremios estatales. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con la aplicación de un régimen que afecta directamente a 286 empleados del INTA, 49 del INV y 8 del Inase, según cifras de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Gobierno fundamenta la decisión en el decreto 462/2025, que declaró la emergencia pública en materia administrativa y habilitó la reorganización de organismos considerados sobredimensionados. En ese esquema, el INTA dejó de ser un ente descentralizado y pasó a depender de manera desconcentrada de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INV se transformó en unidad organizativa y el Inase fue disuelto.

La llamada "situación de disponibilidad" es una figura contemplada en la ley 25.164 y en decretos reglamentarios, que permite dejar sin funciones a empleados de planta permanente durante un período de hasta 12 meses, a la espera de su eventual reubicación en otra dependencia del Estado. Si esto no ocurre, los trabajadores pueden ser cesanteados.

Desde los gremios alertan que se trata de un "desmantelamiento encubierto" de áreas estratégicas para el agro. En particular, el INTA cumple un rol central en investigación tecnológica, desarrollo de biotecnología, mejoramiento genético y programas de sanidad animal y vegetal, mientras que el INV garantiza la trazabilidad de la producción vitivinícola y el Inase se ocupaba del control sobre semillas. Para técnicos, productores y analistas, la medida abre un escenario de incertidumbre sobre la competitividad futura del agro argentino, justo en un momento en que el país necesita fortalecer su inserción en mercados internacionales cada vez más exigentes en materia de trazabilidad y sanidad.

El Ministerio de Economía defendió la resolución bajo el argumento de la racionalización del gasto público y la necesidad de contar con un Estado más eficiente. Sin embargo, la tensión con los gremios promete escalar. Desde ATE anticiparon nuevas medidas de fuerza y en el Congreso varios bloques opositores ya plantearon la necesidad de blindar organismos técnicos como el INTA del vaivén político, al considerar que su funcionamiento es clave para el desarrollo científico y productivo del país.