El gobierno nacional sumó un nuevo traspié en su agenda agropecuaria. Esta vez, en el extremo sur del país: la Justicia de Tierra del Fuego suspendió los efectos de la Resolución 460/2025 del Senasa, que habilitaba el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia hacia las provincias del sur.

La decisión fue tomada por la jueza Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, quien aceptó el planteo de la Asociación Rural fueguina. El fallo tiene alcance cautelar por 30 días, plazo en el que los demandantes deberán constituir una caución real de 5 millones de pesos.

Hasta la publicación de esta normativa, la barrera sanitaria del Río Colorado prohibía el ingreso de carne con hueso para proteger el estatus diferencial de la Patagonia: libre de aftosa sin vacunación.

Con la nueva disposición, el Senasa había habilitado la entrada de cortes con hueso plano, como asado de costilla y falda, además de material reproductivo, desde el centro y norte del país. El organismo defendió la medida al señalar que buscaba armonizar criterios con estándares internacionales, asegurando que no representaba riesgos sanitarios ni comerciales.

Para los ganaderos patagónicos, la flexibilización implica un riesgo sanitario y económico enorme. Argumentan que pone en juego décadas de trabajo público-privado para sostener un estatus que abre puertas en mercados internacionales de alto valor.

La jueza Borruto coincidió en que la resolución impugnada carecía de fundamentación suficiente y podía generar consecuencias graves en términos económicos, sociales y ambientales.

El fallo se conoció en paralelo a otros recursos judiciales presentados en Río Negro y Santa Cruz, donde también se busca frenar la aplicación de la norma.

La cautelar toma relevancia adicional porque Chile ya suspendió el reconocimiento de la Patagonia como zona libre sin vacunación tras la entrada en vigencia de la resolución del Senasa. Esto encendió las alarmas en la cadena ganadera, que ve amenazadas sus exportaciones a uno de los mercados más dinámicos para la carne argentina.

El conflicto expone nuevamente las tensiones entre el sector productivo patagónico y el gobierno nacional, en un momento donde la competitividad externa depende no solo de precios y logística, sino también del estatus sanitario diferencial.

La pulseada recién empieza: mientras los productores celebran el freno judicial, el Senasa insiste en que su resolución es necesaria para modernizar la normativa. La incógnita ahora es si en 30 días se repondrá la medida o si la Justicia avanzará hacia una suspensión definitiva.