Legisladores nacionales de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución que busca declarar la invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025, por el cual el Gobierno nacional modificó la estructura institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según el planteo, la norma firmada por el presidente Javier Milei contradice lo establecido en la Ley Bases recientemente aprobada, que había excluido expresamente al INTA del paquete de organismos sobre los que el Ejecutivo podía ejercer facultades delegadas.

El decreto, publicado esta semana en el Boletín Oficial, eliminó la autarquía administrativa del organismo, suprimió el sistema de dirección nacional por concurso y concentró la toma de decisiones en el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. Este funcionario conducirá el organismo junto a un consejo técnico de siete integrantes, de los cuales cuatro serán propuestos por entidades agropecuarias. Hasta ahora, el consejo estaba compuesto por diez miembros y representaba a universidades y sectores productivos.

En su fundamentación, el Gobierno argumentó que el INTA se había "desviado de su propósito original" y apuntó a la magnitud de su estructura -más de seis mil empleados y un presupuesto de 229 mil millones de pesos- como justificación del rediseño.

Desde la Coalición Cívica, sin embargo, aseguran que el decreto configura una "intervención de hecho", al eliminar los mecanismos colegiados de toma de decisión y someter al organismo a la órbita de la Secretaría de Agricultura. Para los legisladores, esto vulnera el marco legal votado por el Congreso y sienta un precedente institucional preocupante.

El proyecto fue firmado por los diputados Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto. En el texto, advierten que la medida compromete la independencia técnica del INTA y puede afectar su rol dentro del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

A nivel político, el planteo se suma al debate abierto sobre los límites del DNU y el alcance real de la Ley Bases. A nivel institucional, vuelve a poner en el centro de la escena a uno de los organismos con mayor reputación técnica dentro del sistema científico-productivo nacional.