En el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, el maíz ha sido el cultivo más respaldado dentro de los programas agrícolas del gobierno federal. A través de Producción para el Bienestar, más del 62% de los apoyos se han destinado a agricultores que lo cultivan. Sin embargo, los resultados no reflejan mejoras sustanciales en rendimiento, ni una disminución en la creciente dependencia del país respecto a las importaciones.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, entre enero y junio de 2025 se canalizaron 13 mil 903.7 millones de pesos en total a este programa, de los cuales 8 mil 355.7 millones se dirigieron exclusivamente al cultivo de maíz. Esto representa una inyección histórica de recursos a una sola cadena productiva, enfocada principalmente en productores de pequeña escala, con hasta 20 hectáreas.

Otro esquema, el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, también centra sus esfuerzos en este grano básico: el 86% de los cultivos anuales apoyados corresponden al maíz. Pese a ello, el país continúa sin cerrar su brecha estructural en materia de autosuficiencia alimentaria.

Los datos de producción evidencian el problema. Al cierre del primer semestre de 2025, México había producido apenas 3.7 millones de toneladas de maíz en grano, lo que equivale al 15% de la producción total registrada en 2024, que fue de 24.3 millones de toneladas. Aunque en los primeros siete meses se reportó un modesto crecimiento anual del 2.3%, este avance es insuficiente ante el aumento del consumo aparente, que subió un 4% en el mismo periodo.

En contraste con el objetivo de soberanía alimentaria, México incrementó en un alarmante 253% anual las importaciones de maíz blanco proveniente de Estados Unidos. En total, las compras al exterior han alcanzado 12.3 millones de toneladas, una cifra que confirma la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado internacional y los precios de los commodities agrícolas.

El caso de Sinaloa, tradicionalmente el principal productor nacional de maíz, ilustra la gravedad del panorama. Según estimaciones oficiales de la SADER, la producción estatal de la cosecha primavera-verano será de 2.2 millones de toneladas, muy por debajo del promedio histórico de 6 millones. No obstante, los datos de productores y acopiadores locales son más pesimistas: aseguran que apenas se alcanzaron 1.8 millones de toneladas.

Las causas son multifactoriales, pero el factor climático ha sido decisivo. A pesar de que se incrementó la superficie sembrada en varios estados, los rendimientos han sido menores debido a la falta de agua, derivada de una prolongada sequía y deficiencias en infraestructura de riego tecnificado. Así, el nivel de autosuficiencia nacional en maíz se ubica en un preocupante 48.8%.

El desafío para el gobierno no solo consiste en revertir una de las peores cifras de producción de maíz de las últimas décadas, sino en replantear la efectividad de sus políticas de subsidio directo, que si bien han tenido un enfoque social, no han logrado una mejora estructural en la productividad ni avances significativos en trazabilidad, rentabilidad o tecnificación del cultivo.

Con el maíz como base de la alimentación nacional, el reto se agrava: mejorar la producción con miras a alcanzar autosuficiencia, sin dejar de atender a los pequeños productores, pero incorporando estrategias que incluyan a los productores medianos y grandes, quienes pueden generar volumen, eficiencia y competitividad en una cadena de valor cada vez más presionada por el contexto global.