El camino hacia la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur sumó un nuevo hito esta semana, cuando el gobierno de Luxemburgo anunció que el texto será sometido a debate y votación parlamentaria en los primeros meses de 2026. Aunque se trata de un país pequeño en el mapa europeo, la decisión es seguida de cerca en América Latina, ya que marca el pulso político en torno a un tratado que lleva más de dos décadas de negociaciones.

El ministro de Comercio Exterior luxemburgués, Xavier Bettel, adelantó que el Ejecutivo respalda el texto revisado por la Comisión Europea, al que se incorporaron nuevas garantías ambientales y laborales, condición indispensable para obtener consenso en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado de fuertes advertencias del sector agrícola europeo, que teme una mayor competencia de las exportaciones sudamericanas de carne, granos y alimentos procesados.

Para los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, el acuerdo es estratégico: abre las puertas a un mercado de más de 440 millones de consumidores y otorga acceso preferencial para productos en los que la región es altamente competitiva, como carne vacuna, pollo, soja, maíz, biocombustibles y frutas tropicales. A cambio, los socios del bloque sudamericano deberán reducir aranceles a vehículos, maquinaria e insumos industriales europeos, lo que genera también debates internos.

El sector agropecuario europeo, especialmente en Francia, Irlanda y Austria, ha liderado la oposición dentro del bloque comunitario, alegando riesgos para la viabilidad de las explotaciones familiares y cuestionando el cumplimiento ambiental del Mercosur, en particular por la deforestación en Brasil y Paraguay. Organizaciones como Greenpeace advierten que los compromisos incluidos en el texto revisado no serían suficientes para garantizar una producción sostenible.

Desde América Latina, el mensaje es claro: el acuerdo permitiría diversificar mercados y dar mayor previsibilidad a las exportaciones, en un momento de fuerte competencia internacional y tensiones geopolíticas. En Brasil, por ejemplo, la agroindustria busca consolidar su liderazgo en soja y carne vacuna con aranceles más bajos en Europa, mientras que Uruguay y Paraguay aspiran a expandir su participación en nichos de alto valor como la carne premium y los biocombustibles. Argentina, por su parte, espera que la apertura contribuya a dinamizar su balanza comercial en un escenario de restricciones financieras.

El cronograma luxemburgués coincide con la necesidad de que todos los países de la UE y el Parlamento Europeo den su aval final al tratado. Se trata de un proceso complejo que ha sido postergado en varias oportunidades por la falta de consenso político y las presiones sociales. La votación en Luxemburgo no definirá por sí sola el futuro del acuerdo, pero servirá como señal sobre el grado de aceptación que el Mercosur enfrenta dentro del bloque europeo.

La decisión también se produce en paralelo a la discusión sobre la Política Agrícola Común (PAC) y los compromisos climáticos de la UE, dos ejes que condicionan la apertura comercial. Para el Mercosur, la clave será demostrar capacidad de adaptación a las exigencias de trazabilidad y sostenibilidad, que la Comisión Europea considera centrales para avanzar.

En definitiva, mientras Luxemburgo se prepara para votar en 2026, en el Cono Sur se mantiene la expectativa. La región observa cómo un país de peso reducido en la economía europea puede convertirse en un termómetro del debate sobre el libre comercio, la sostenibilidad y el lugar de América Latina en la nueva geopolítica alimentaria.