El gobierno de México dio a conocer su intención de imponer nuevos aranceles a las importaciones de automóviles y productos manufacturados, en una medida que busca corregir desequilibrios comerciales y aumentar los ingresos fiscales. La propuesta, según estimaciones oficiales, podría generar hasta 70 mil millones de pesos (US$3.760 millones) adicionales para las arcas públicas.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, explicó en conferencia de prensa que la iniciativa forma parte del proyecto de presupuesto 2026 y será presentada por la Secretaría de Economía al Congreso en las próximas semanas. Si bien no detalló los porcentajes de ajuste, subrayó que se respetarán los compromisos asumidos en los tratados internacionales de libre comercio.

México mantiene acuerdos comerciales con más de 50 países, siendo su principal socio Estados Unidos, con quien comparte el T-MEC junto a Canadá. Por ello, los nuevos aranceles no afectarían al intercambio dentro de este bloque, que representa la mayor parte del comercio exterior mexicano. En cambio, se enfocarán en naciones sin tratados vigentes, entre ellas China, un mercado con el que el país mantiene crecientes flujos comerciales pero también un marcado déficit.

El ministro de Finanzas, Edgar Amador, precisó que la medida se aplicará a países sin acuerdos preferenciales, confirmando así que China sería uno de los más impactados. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado la posibilidad de aranceles específicos contra las importaciones chinas, en particular en el sector automotor, donde la llegada de vehículos eléctricos de bajo costo ha generado tensiones comerciales.

El anuncio se produce en un contexto de presión externa. La administración de Estados Unidos ha instado a los países latinoamericanos a limitar su relación comercial con China, buscando evitar que productos de origen chino entren a su mercado a través de México como un "puente" para esquivar los aranceles estadounidenses. En este marco, México ya mantiene gravámenes sobre autos, comercio electrónico, textiles, calzado y manufacturas de origen chino, pero ahora evalúa un endurecimiento adicional.

La posible medida despertó preocupación entre analistas, que advierten sobre su impacto en la inflación. En agosto, el índice de precios al consumidor en México mostró una aceleración, aunque aún dentro del rango objetivo del Banco Central. Para los expertos, un alza de aranceles sobre bienes de origen chino podría incrementar los costos tanto para productores como para consumidores, dado que una parte importante de los insumos industriales proviene de China.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco BASE, señaló que si los aranceles se concretan, habría presiones inflacionarias adicionales, lo que complicaría la estabilidad macroeconómica. "Una gran proporción de los insumos que utilizan las industrias mexicanas viene de China; encarecerlos afectaría la competitividad y el bolsillo de los consumidores", advirtió en declaraciones recientes.

Desde Beijing, la cancillería china expresó su rechazo a este tipo de restricciones "impuestas bajo coerción externa" y defendió el principio de que cada país debe tomar decisiones comerciales de manera independiente. La portavoz Guo Jiakun insistió en que China confía en que sus socios latinoamericanos mantendrán autonomía frente a las presiones geopolíticas.

El debate llega en un momento clave para México: mientras busca diversificar su base productiva y atraer inversión extranjera directa bajo la estrategia de nearshoring, la definición de una política arancelaria frente a terceros países será crucial para mantener el equilibrio entre los compromisos internacionales, la competitividad industrial y la protección de la planta productiva local.

Aunque aún falta conocer los detalles de la propuesta de ley, la discusión sobre los nuevos aranceles abre un escenario de tensiones comerciales crecientes en América del Norte y pone a México en el centro de la disputa global entre Estados Unidos y China por la influencia en la región.