El ánimo en el campo mexicano está en tensión. En grupos de mensajería circula un mensaje que refleja la preocupación de los agricultores: "Si quieren sembrar maíz vayan echándole números". El motivo es claro: los precios de futuro para la cosecha otoño-invierno 2026 se proyectan a la baja y dejarían a los productores sin posibilidad de cubrir sus costos.

Según cálculos recientes, el precio se ubicaría en 4.584 pesos por tonelada, cifra que no alcanza para sostener los gastos de inversión que enfrenta el productor promedio. Esta situación ha encendido las alarmas entre organizaciones campesinas, que advierten sobre movilizaciones masivas si el gobierno federal y los estados no presentan medidas concretas de apoyo.

La presión viene marcada por las expectativas de producción en Estados Unidos. La semana pasada, en la Bolsa de Chicago, el contrato de maíz a julio de 2026 cerró en 182,43 dólares, con una base probable de 50 a 65 dólares. Traducido al mercado nacional, esto representa un precio insuficiente para la producción sinaloense.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, detalló que con ese valor y un costo de inversión de 60.000 pesos por hectárea, un agricultor necesitaría alcanzar rendimientos de 14,1 toneladas para cubrir gastos. Sin embargo, la media en la entidad apenas ronda las 12 toneladas. "La respuesta está en Palacio Nacional", afirmó el dirigente, subrayando que el sistema actual de gestoras está agotado y que la comercialización de granos continúa sin presupuesto.

Ante este panorama, el Frente Nacional de Defensa del Campo Mexicano ya prepara acciones. La propuesta es llevar delegaciones de al menos 200 productores por estado a Ciudad de México y permanecer en Palacio Nacional hasta obtener compromisos firmes. La advertencia es clara: sin un esquema de apoyo, la siembra de maíz perderá atractivo y el riesgo de desabasto crecerá.

La tensión también ha llegado a la arena política. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelantó que aprovechará la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Mazatlán para pedir recursos que garanticen la comercialización del maíz que se levantará entre mayo y junio de 2026.

La propuesta de coberturas

Rocha Moya sugirió al gobierno federal asegurar la producción mediante coberturas de precio, un instrumento financiero menos oneroso que los subsidios directos. Explicó que en el caso de Sinaloa, con una cosecha estimada de 6 millones de toneladas, se requerirían alrededor de 1.800 millones de pesos para cubrir la totalidad de la producción, mucho menos que los 6.000 millones que costaría garantizar un precio mínimo sin este mecanismo.

"Necesitamos anticiparnos", señaló el mandatario estatal, aludiendo a que en noviembre y diciembre se podrían adquirir coberturas en un contexto de precios internacionales más favorables, protegiendo así el valor de venta para la próxima cosecha.

El factor internacional no es menor. Los altos inventarios en Estados Unidos y la proyección de abundante oferta mundial presionan los precios a la baja. Para México, que depende del maíz como pilar alimentario y económico, el desafío es doble: sostener la rentabilidad de los agricultores y evitar un impacto en la seguridad alimentaria nacional.

Con un campo que ya viene arrastrando problemas de clima, retrasos en los pagos de programas oficiales y la incertidumbre de los mercados, la paciencia de los productores se agota. Lo que hoy es una advertencia de protesta podría transformarse en un conflicto social si no aparecen soluciones en el corto plazo.