Felipe Miguel Rocha Medina, representante legal de la tradicional ganadería Achury Viejo, fue condenado a 74 meses de prisión y una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público y estafa agravada en modalidad masa. El empresario aceptó su responsabilidad penal y se comprometió a reintegrar la totalidad de los recursos defraudados, cerca de COP37 mil millones, mediante una fiducia mercantil.

Desde 2012, Rocha Medina promovió un fondo de inversión que ofrecía a particulares la posibilidad de obtener rendimientos de hasta 30% anual mediante la compra y ceba de ganado en pie. La estrategia se apalancaba en el prestigio de Achury Viejo, una de las ganaderías más reconocidas del país, proveedora histórica de reses para las corridas de toros en la Plaza La Santamaría de Bogotá. Su reputación familiar, ligada al sector desde 1933, facilitó la captación de millonarios recursos que terminaron en un esquema fraudulento.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, a partir de 2013 no se realizaron transacciones reales relacionadas con compra o venta de semovientes, pero sí se mantuvo el ingreso de aportes por parte de 92 personas naturales, alcanzando un total de COP36.848 millones. De esa suma, el empresario ha devuelto COP23.416 millones y mantiene un saldo pendiente de COP16.224 millones, cubierto con la garantía fiduciaria.

Este tipo de esquemas de inversión en agronegocios sin trazabilidad ni respaldo operativo plantea un reto urgente para la supervisión del crédito agropecuario informal y la regulación de propuestas financieras asociadas al sector pecuario. La Superintendencia de Sociedades, que intervino el proceso en 2023, autorizó la liberación de COP228 millones para algunas víctimas, en medio de una investigación que alertó sobre la debilidad del control institucional frente a estas figuras de captación disfrazadas de emprendimientos rurales.

La estafa dejó al descubierto la vulnerabilidad de inversionistas, incluso experimentados, frente a propuestas que apelan al valor agregado del campo colombiano sin cumplir con las buenas prácticas empresariales ni criterios de sostenibilidad. Este caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia sobre esquemas ganaderos de inversión colectiva, especialmente en zonas de tradición agropecuaria donde el apellido pesa más que los balances.

Solo resta que el juzgado penal de conocimiento de Bogotá emita el fallo definitivo con base en el preacuerdo aprobado, pendiente de valoración de las circunstancias personales, sociales y familiares del procesado.