Un nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles fue presentado en el Senado por la Liga de Provincias Bioenergéticas -integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán- con el aval de la Unión Industrial Argentina (UIA). La iniciativa busca impulsar un desarrollo energético federal, aumentar la producción nacional y fortalecer las cadenas agroindustriales que dependen del maíz, la soja y la caña de azúcar.

El texto propone elevar progresivamente el corte obligatorio con combustibles fósiles: en el caso del gasoil, el porcentaje de biodiésel subiría del 7,5% actual al 15% en tres años; para las naftas, el bioetanol pasaría del 12% al 15% en dos años. Para la región patagónica, se prevé un esquema diferenciado del 10%, sujeto a revisión periódica.

La iniciativa ya fue girada a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde la senadora cordobesa Alejandra Vigo destacó que el proyecto "es fruto del consenso técnico entre las provincias productoras" y que permitirá mayor previsibilidad e inversión en el sector.

Además, se establece la obligación de que las mezclas tengan origen nacional, con apertura a importaciones recién después de 18 años de vigencia de la ley. El objetivo es favorecer la producción local, sustituir importaciones y reducir la dependencia energética del país.

El proyecto amplía la definición de biocombustibles, incorporando materias primas de origen agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, además de residuos orgánicos. Así, incluye nuevas fuentes como biogás, biometano, biojet y HVO (combustible obtenido de aceites usados).

También prevé criterios de sustentabilidad y evaluación ambiental, alineados con estándares internacionales: se incorporan análisis de ciclo de vida, eficiencia energética y reducción de emisiones.

La propuesta modifica integralmente la Ley 27.640, actualmente vigente, y habilita un mercado de libre comercialización por encima de los cortes obligatorios. Además, autoriza los motores flex y los kits de conversión, para promover el uso de biocombustibles en transporte y maquinaria.

Uno de los defensores más firmes del proyecto, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán y referente del sector azucarero, advirtió sobre la urgencia de políticas que sostengan las economías del norte.

"Tucumán no tiene petróleo ni litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar. Si no la defendemos, condenamos a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva", expresó.

Rocchia Ferro reclamó "decisión política" para ampliar rápidamente el corte de bioetanol, que hoy combina 6% de maíz y 6% de caña. "No es un capricho, es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones y generar empleo genuino en el norte", agregó.

El empresario sostuvo que el reclamo no es partidario, sino de supervivencia: "Pedimos el cumplimiento de la Constitución, que manda a promover un desarrollo equilibrado entre regiones. Si el país nos da las condiciones, el norte va a crecer, a educar y a darle dignidad a su gente".

El proyecto propone también una metodología clara y pública para la fijación de precios, mediante licitaciones abiertas y transparentes, reemplazando el sistema actual en el que el Poder Ejecutivo define los valores.

Con el acompañamiento técnico de la UIA y el apoyo de las provincias productoras, la iniciativa busca revertir la incertidumbre regulatoria de los últimos años y atraer inversiones a largo plazo en el sector bioenergético.

La nueva ley apunta a diversificar la matriz energética argentina, agregar valor en origen y fortalecer las economías regionales ligadas al agro. En un contexto global de transición hacia energías limpias, el debate legislativo sobre biocombustibles se perfila como uno de los ejes estratégicos de la política industrial y ambiental de los próximos años.