Las declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, durante la convención minera Perumin 37 en Arequipa, encendieron la polémica nacional. El funcionario afirmó que "la agricultura puede esperar; un proyecto minero no" y que "la minería tiene prioridad sobre el agua". Sus palabras fueron interpretadas como una definición de política pública contraria al mandato del Midagri, cuya función esencial es proteger el acceso al agua y garantizar la producción de alimentos.

La reacción fue inmediata. Organizaciones agrarias, gremios profesionales y comunidades de usuarios de agua denunciaron un sesgo pro-minero en la gestión del ministerio y exigieron una rectificación pública o la renuncia del ministro.

Conveagro, que agrupa a 25 gremios agrarios de alcance nacional, emitió un comunicado categórico: "Desconocer el papel de la agricultura en la seguridad alimentaria compromete a más de 33 millones de peruanos". La organización recordó que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos, equivalentes al 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que la minería apenas alcanza 235.000 empleos.

El pronunciamiento de Conveagro también recalcó que el Midagri debe garantizar un acceso justo al agua y que resulta inadmisible supeditar la producción de alimentos a los intereses de la minería. "Su permanencia en el cargo representa una amenaza para más de dos millones de familias rurales que sostienen la alimentación del país", advirtieron.

Gremios técnicos y comunidades rurales en alerta

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a través de su Coordinadora Nacional de los Capítulos de Ingeniería Agronómica, se sumó al rechazo. El gremio recordó que el agua es un derecho humano y bien público estratégico, y que la Ley de Recursos Hídricos establece prioridad para el uso poblacional y la producción de alimentos, antes que para actividades extractivas.

"El ministro desconoce el marco legal y pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional", señaló el CIP en un pronunciamiento, a la vez que convocó a la sociedad civil a mantenerse vigilante en defensa del agua y de la soberanía alimentaria.

En paralelo, la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, que reúne a regantes y comunidades rurales, denunció que priorizar la minería sobre el agro abre la puerta a nuevos conflictos sociales y amenaza los medios de vida de millones de agricultores. Para los colectivos campesinos, las declaraciones del ministro son intolerables en un contexto de crisis climática, alza de insumos y presión sobre los recursos hídricos.

Agricultura relegada frente a la minería

Paradójicamente, mientras el ministro remarcaba que "no se deben frenar los proyectos mineros", el sector agrícola atraviesa un año histórico: las agroexportaciones crecieron 20% y se han mantenido precios estables para los pequeños productores. Aun así, la política oficial parece optar por relegar las necesidades del agro, bajo la premisa de mayores ingresos futuros provenientes de la minería.

Para el agro peruano, la frase de Manero no es solo una declaración desafortunada: representa la posibilidad de un cambio estructural de prioridades estatales, donde la agricultura, base del empleo y la seguridad alimentaria, quedaría subordinada a los intereses mineros.