El Congreso de la República aprobó en segunda votación la nueva Ley Agraria, que establece beneficios tributarios para impulsar la inversión y formalización en el sector. El texto obtuvo 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, y ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La norma propone una reducción del Impuesto a la Renta (IR) para las grandes empresas del agro: entre 2026 y 2035 pagarán una tasa de 15 %, retornando al 29,5 % del Régimen General recién en 2036. Según Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), esta medida permitirá reactivar inversiones de gran escala en el agroexportador, incluyendo 23 proyectos de irrigación con más de 1,5 millones de hectáreas nuevas.

La presidenta de la Comisión Agraria, congresista Jeny López, señaló que los objetivos centrales son generar empleo formal con protección social, integrar a pequeños productores a la agricultura moderna, fortalecer la agroexportación y mejorar la seguridad alimentaria.

Beneficios para pequeños productores
El texto diferencia el tratamiento tributario según los ingresos anuales:

Hasta 30 UIT: inafectos al IR.

Más de 30 y hasta 150 UIT: se aplica una tasa de 1,5 % sobre el exceso de 30 UIT.

Más de 150 UIT: el productor debe declarar y pagar el impuesto como empresa agraria.

Las retenciones efectuadas a partir del mes en que se superen las 150 UIT se considerarán pagos a cuenta del IR.

Debate político y postura del Ejecutivo
Si bien el Midagri ha respaldado plenamente la norma, en el pasado el exministro de Economía José Arista se opuso a otorgar estos beneficios. Con la llegada de José Salardi hubo un cambio de postura, y ahora quedará por ver si el actual titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, respalda o cuestiona el texto.

El ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, recordó que, de no haberse aprobado en el Congreso, el Ejecutivo había previsto incluir estos beneficios en su pedido de facultades legislativas.

La ley también contempla incentivos en EsSalud y medidas para promover la formalidad laboral en el sector. El Ejecutivo tiene ahora la última palabra para su entrada en vigor.