En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una "Ley Bases 2" y un conjunto de reformas tributarias, laborales y previsionales que se están elaborando dentro del Consejo de Mayo.
El anuncio, realizado por el secretario de Desregulación Alejandro Cacace, pone nuevamente en el centro del debate al rol del Estado, la carga impositiva y las reglas de competencia, factores claves para el sector agroindustrial argentino.

Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Cacace aseguró que la intención es "trabajar juntos en la desregulación que viene" y destacó que muchos temas quedaron pendientes de la primera Ley Bases, como defensa de la competencia, reforma judicial y Código Civil. El funcionario también adelantó la llegada de un proyecto denominado "Hojarasca 2", que buscará eliminar normas obsoletas y trabas burocráticas.

"Aún hoy, con las medidas que hemos hecho, Argentina está última entre las economías de la región", reconoció Cacace, y remarcó que el país necesita "ir por más" para mejorar su posición en el Índice de Libertad Económica.

Un marco de reformas con impacto directo en el agro

El decálogo del Consejo de Mayo incluye la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del gasto público, la reforma tributaria, la reforma laboral y la apertura del comercio internacional.
Estos ejes tocan de lleno a la cadena agroindustrial, que viene reclamando desde hace años reglas de juego más estables, reducción de impuestos distorsivos y flexibilización de los procesos laborales y logísticos.

La posibilidad de una reforma tributaria integral genera expectativas entre los exportadores y productores, que hoy enfrentan una estructura impositiva compleja y costosa. Las retenciones, los derechos de exportación y la carga fiscal provincial limitan la competitividad del agro argentino frente a países vecinos como Brasil, Uruguay o Paraguay, donde la presión fiscal es considerablemente menor.

Desregulación, PyMEs y eficiencia estatal

Por su parte, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, sostuvo que la desregulación es "pro-PyME y anticorrupción", ya que busca eliminar privilegios y barreras que históricamente beneficiaron a sectores concentrados.
Fariña explicó que en un año y medio el Gobierno redujo 54 mil empleados públicos, eliminó más de 25 fondos fiduciarios y suprimió 400 áreas estatales duplicadas o con funciones obsoletas, lo que generó un ahorro fiscal de más de 20 mil millones de pesos.

En el plano productivo, estas medidas buscan simplificar trámites, reducir costos y acelerar inversiones privadas, especialmente en sectores exportadores como el agroindustrial. La eliminación del "Compre Argentino" y la revisión del régimen de obra pública también apuntan a abrir más espacio a la iniciativa privada.

"El Estado argentino fue durante décadas un obstáculo para la competencia. Hoy estamos corrigiendo eso", señaló Fariña, en referencia a la eliminación de regulaciones que limitaban el ingreso de nuevos actores al mercado.

Una reforma que divide opiniones

El debate legislativo anticipa tensiones políticas. Desde la oposición, algunos diputados criticaron la falta de diálogo y advirtieron que la nueva Ley Bases deberá pasar por un debate institucional sólido. Otros, en cambio, reconocieron los avances en eficiencia y reducción del gasto.

Para el sector agroindustrial, el desafío será aprovechar los posibles beneficios de una estructura más liviana y menos burocrática, sin que eso implique una pérdida de regulación en áreas estratégicas como la trazabilidad, la seguridad alimentaria o la sanidad vegetal y animal.
La clave, según analistas del sector, estará en mantener el equilibrio entre desregulación y previsibilidad, un reclamo que el agro viene sosteniendo desde hace años.