La seguridad del campo colombiano está en entredicho. En su quincuagésima asamblea anual, celebrada en Cali, la Asociación de Productores de Caña de Azúcar (Procaña) emitió una fuerte advertencia: la crisis de seguridad jurídica y física en las zonas rurales amenaza la viabilidad del agro y la seguridad alimentaria nacional.

La directora ejecutiva de Procaña, Martha Betancourt, se expresó con contundencia: "Nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre". La violencia, considerada un contexto de estado de excepción para muchos productores, se manifiesta en atentados, extorsiones, secuestros, invasiones de tierras y bloqueos de vías. La tendencia, según cifras gremiales, se mantiene al alza.

En regiones como Valle del Cauca, Norte del Cauca y el suroccidente colombiano, se multiplican los episodios de violencia contra el agro: quema de máquinas, desplazamientos y amenazas a trabajadores. Procaña registra más de 700 denuncias ante la Fiscalía sin resultado judicial y advierte que el llamado a acción no ha sido atendido.

"La política ‘Paz Total' no ha sido suficiente para garantizar la tranquilidad del campo," afirmó Betancourt, señalando que los grupos armados ilegales extorsionan, secuestran, amenazan y limitan la movilidad de los agricultores. A esto se suma la inseguridad jurídica derivada de normativas cambiantes, que dificultan la tenencia de tierra, la planificación agrícola y la inversión.

Así lo confirmó también Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): "Sin seguridad jurídica y sin seguridad física, no hay seguridad alimentaria." Ambas organizaciones reclaman la formación de una bancada agrícola en el Congreso y políticas que incluyan la producción en la agenda presidencial.

La congresista Jennifer Pedraza y otros panelistas criticaron la inseguridad política actual. En palabras de Pedraza: "las numerosas promesas no se han cumplido, y la falta de presencia estatal deja al campo vulnerable." Especialistas también alertan sobre la falta de una política agraria integral que vaya más allá de la distribución de tierras, e incluya desarrollo, crédito y comercialización sostenible.

Los efectos son palpables en sectores clave como la producción de caña, arroz, palma y leche. Fedegán y Fedearroz han reportado casos de robos de maquinaria y cobro de vacunas. Fedepalma también advirtió que sin garantías sobre la tenencia de tierra, la inversión en su sector quedará en riesgo.

En el Norte del Cauca, Procaña denuncia invasiones de más de 6.500 hectáreas, muertes y desplazamientos de trabajadores. El conflicto social se profundiza mientras las normas cambian de manera abrupta: nuevas reformas y decretos dificultan la certeza jurídica y desalientan la inversión.

Frente a esta crisis, el gremio exigió al Gobierno Nacional medidas inmediatas:

Presencia estatal efectiva, con más fuerza pública y juzgados rurales.

Estabilidad jurídica con leyes claras y permanentes.

Asistencia técnica y acceso real al crédito.

Políticas de desarrollo rural integral y atención a jóvenes y mujeres del campo.

El mensaje es contundente: "El campo no puede seguir viviendo bajo miedo, desprotección e improvisación legislativa," concluyó Betancourt. La alarma está encendida: sin garantías reales, la producción de alimentos en Colombia se ve seriamente comprometida.