La tensión crece en el sector arrocero panameño luego de que representantes de productores denunciaran públicamente el ingreso de arroz importado en plena cosecha nacional. Según los gremios agrícolas, esta situación vulnera la normativa vigente que restringe el ingreso de grano extranjero durante el periodo en que se recolecta la producción local, afectando directamente los precios y la rentabilidad de miles de agricultores.

La denuncia, elevada por organizaciones de productores de la provincia de Chiriquí, sostiene que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) habría autorizado cupos de importación a pesar de la existencia de una veda establecida por ley para salvaguardar al sector en su momento más crítico. Esto generó una profunda preocupación entre los arroceros, que advierten sobre el riesgo de colapso económico para muchas fincas familiares.

Dirigentes del sector agrícola argumentan que la sobreoferta provocada por el arroz importado hunde los precios de referencia y deja a los productores locales en desventaja, obligados a vender su cosecha a valores que no cubren los costos de producción. Algunos temen que esta situación derive en el abandono de cultivos e incluso en la desaparición de pequeños y medianos productores.

"Se está poniendo en juego la seguridad alimentaria y la estabilidad de miles de familias que dependen de este rubro", señalaron voceros de los gremios, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades para frenar las importaciones y garantizar la prioridad de la producción nacional.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) recibió las quejas y anunció la conformación de una mesa de diálogo para escuchar a los productores, revisar los permisos de importación y evaluar eventuales medidas correctivas. Desde el MIDA señalaron que se debe encontrar un equilibrio que respete la normativa y al mismo tiempo asegure el abastecimiento del mercado interno sin distorsionar los precios.

El arroz es uno de los alimentos más importantes en la dieta panameña y un pilar de la seguridad alimentaria nacional. En las últimas décadas, la producción arrocera ha sostenido la economía de regiones rurales enteras, generando empleo, ingresos y arraigo poblacional. Por eso, la apertura de cupos de importación en época de cosecha golpea no solo al bolsillo de los agricultores, sino también al tejido social de comunidades enteras.

Productores de distintas provincias coincidieron en la necesidad de reforzar políticas de protección al agro panameño, con mecanismos más transparentes y oportunos que eviten el ingreso de arroz barato en los momentos de mayor oferta local. También piden mayor fiscalización para garantizar que los cupos de importación se usen de manera planificada y no afecten la sostenibilidad de la cadena productiva.

Los gremios advirtieron que, de no atenderse la situación, podrían convocar manifestaciones y medidas de presión para defender su derecho a producir y comercializar su cosecha sin competencia externa desleal.

El conflicto reaviva la discusión de fondo sobre la política alimentaria panameña, que debe equilibrar la protección de sus productores con las necesidades de consumo de la población. El desafío está en construir reglas claras y estables que garanticen un mercado justo, fomenten la competitividad del agro nacional y protejan la seguridad alimentaria de la ciudadanía.