En el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, un viejo reclamo se transforma en una puja política, judicial y productiva. En Bolívar, la falta de mantenimiento en los caminos rurales y el cobro de la Tasa Vial sin obras visibles encendieron la mecha de un conflicto entre el sector agropecuario y el municipio.

La tensión alcanzó un nuevo punto crítico cuando la Sociedad Rural de Bolívar, encabezada por José Gabriel Erreca, denunció embargos por parte del gobierno local hacia productores morosos, quienes no habrían podido cumplir con el pago de la Tasa Vial en un contexto de inflación, presión fiscal y falta de servicios. Esta situación puso en evidencia un problema estructural: la fragilidad de la infraestructura rural y la falta de diálogo entre los gobiernos locales y los actores del campo.

Según declaraciones de Erreca, existen productores que están siendo embargados judicialmente por deudas de la Tasa Vial. El monto acumulado de dicha deuda, según la entidad ruralista, asciende a los 13 millones de pesos. El principal reclamo no es la obligación tributaria en sí, sino la falta de una contraprestación concreta: los caminos rurales del partido se encuentran, en gran parte, en condiciones críticas, lo que impacta directamente en la logística, el transporte de granos, hacienda e insumos, y en la sustentabilidad de las actividades agropecuarias.

Desde el municipio, sin embargo, la versión es distinta. Se sostiene que las acciones legales iniciadas corresponden a un número reducido de contribuyentes, alrededor de 13, y que los embargos se realizaron en el marco de lo que establece la ley provincial. También argumentan que la morosidad en el pago de la tasa supera el 45%, lo que complica la adquisición de maquinaria vial y la capacidad operativa para mantener y reparar caminos.

Factores estructurales del conflicto

La Tasa Vial, según marcos normativos vigentes, debe destinarse a la conservación y mejoramiento de caminos rurales. Sin embargo, los productores aseguran que más del 60% de los fondos recaudados no se reinvierten en esas obras. Esta falta de reinversión impacta directamente en la competitividad del agro, encareciendo costos logísticos y afectando la trazabilidad, especialmente en campañas agrícolas intensivas.

La ejecución de embargos judiciales contra productores rurales profundiza el desgaste en la relación entre el Estado local y el agro. Desde la Sociedad Rural, se considera que el camino judicial debería ser el último recurso, luego de agotar instancias de diálogo. La ausencia de una mesa de trabajo institucionalizada ha contribuido a la radicalización del conflicto, que ya trasciende lo técnico y se instala en lo político.

En un contexto electoral y polarizado, el conflicto tomó matices partidarios. Desde el municipio se cuestiona el uso de la Sociedad Rural como herramienta política opositora, mientras que los dirigentes rurales denuncian la ausencia total de diálogo con el Ejecutivo local. Esta ruptura en la comunicación institucional agrava el conflicto y aleja la posibilidad de soluciones consensuadas.

Erreca y otras entidades del agro propusieron la creación de una Comisión Hídrica y Vial local, integrada por representantes del municipio, la Sociedad Rural, cooperativas y entidades técnicas como INTA y SENASA. El objetivo es priorizar obras, asignar recursos con criterios objetivos y promover la transparencia en la ejecución de fondos públicos. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido respuesta formal a esta propuesta.

A nivel provincial y nacional, existen experiencias exitosas donde las tasas viales son administradas con participación de los productores y auditorías públicas, logrando mejoras concretas en la red vial rural. Este tipo de gobernanza compartida es clave para evitar conflictos y garantizar servicios esenciales para el campo.

Claves para una solución

Reasignación eficiente de recursos: garantizar que al menos el 70% de la Tasa Vial se destine a obras efectivas en caminos rurales.

Planes de pago justos: instrumentar moratorias o facilidades para pequeños y medianos productores con dificultades financieras, sin recurrir inmediatamente al embargo.

Rendición de cuentas pública: publicar anualmente los destinos de los fondos recaudados, detallando obras realizadas, presupuesto asignado y cronogramas de mantenimiento.

Mesa de diálogo permanente: institucionalizar un espacio de concertación local entre el municipio, productores, cooperativas y organismos técnicos.

Modernización de la infraestructura rural: planificar a mediano plazo inversiones estratégicas en vialidad, conectividad digital y logística para mejorar la competitividad del agro.

El conflicto por la Tasa Vial en Bolívar no es un hecho aislado. Representa una tensión recurrente en muchos municipios agroproductivos donde la presión fiscal no se traduce en servicios eficientes. En un momento donde el campo necesita previsibilidad, infraestructura y diálogo para sostener su aporte al desarrollo económico, estos desencuentros son señales de alerta.

Más allá de las responsabilidades políticas, la clave está en construir mecanismos de gestión participativa, con transparencia, planificación y compromiso compartido. Solo así podrá fortalecerse la infraestructura rural, mejorar la rentabilidad del productor y consolidar una relación institucional madura entre el campo y los gobiernos locales.