En el marco del proceso de ajuste estructural y reducción del Estado, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 462/2025, una ambiciosa medida que ordena la disolución de seis organismos descentralizados y la transformación institucional de otros cinco, entre ellos el INTA, el INV y el INTI. La decisión busca "reducir estructuras redundantes, mejorar la eficiencia pública y eliminar gastos innecesarios", según el texto oficial.

Entre los entes eliminados se encuentran la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), todos creados en los últimos años para gestionar políticas específicas vinculadas al agro y a los nuevos desarrollos productivos. El decreto establece que sus funciones serán absorbidas por distintas áreas del Ministerio de Economía y la ANMAT, evitando así, según el Gobierno, "duplicaciones operativas y costos innecesarios".

También se definió la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasarán a ser organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías del Ministerio de Economía. En el caso del INTA, uno de los más emblemáticos del sistema científico agropecuario argentino, se mantendrán las funciones esenciales en investigación y extensión, pero bajo una nueva estructura liderada por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem.

"La idea es avanzar hacia un modelo más eficiente, con mayor coordinación, sin burocracia ni gastos superfluos", explicaron fuentes del Ejecutivo. El texto oficial justifica las medidas en base al crecimiento desmesurado de la planta de personal y estructuras jerárquicas que, según el informe de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, generaron "una carga administrativa excesiva y poco funcional a los objetivos del desarrollo".

A su vez, el Gobierno ordenó la reasignación de competencias sobre producción, semillas y fiscalización del cannabis a tres organismos: la ANMAT, la Secretaría de Industria y la Secretaría de Agricultura. Estas decisiones se complementan con una profunda modificación de la Ley 27.669, que reglamenta el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

En paralelo, el decreto liquida el Fondo de Fomento Vitivinícola, deroga artículos clave de la Ley de Agricultura Familiar y avanza con una redefinición del control sobre el sistema nacional de semillas. Además, ordena que todos los bienes, vehículos e inmuebles de los organismos disueltos sean transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual reasignación o venta.

El gobierno insiste en que estas reformas no afectarán las funciones sustantivas de los organismos reconvertidos, aunque diversos sectores vinculados al agro, la ciencia y la industria han comenzado a expresar su preocupación por los posibles impactos en los territorios y en las capacidades técnicas del Estado.