En un contexto de creciente tensión entre el sector agropecuario y el Gobierno nacional, la posible restitución de los derechos de exportación (DEX) a los niveles previos a enero genera incertidumbre y preocupación entre los productores. La medida, según trascendió desde la Casa Rosada, implicaría que la soja retorne al 33%, el maíz y el girasol también subirían, mientras que el trigo y la cebada conservarían su actual alícuota reducida del 9,5% hasta marzo de 2026. Esta decisión se da en un escenario donde el agro acumula exportaciones por más de 15.000 millones de dólares, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Desde el Gobierno aseguran que "todavía no hay ninguna definición", como expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque fuentes cercanas confirmaron que "van a volver a subir todo a como estaba antes, excepto las de la fina". Esta afirmación coincide con la línea adoptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aclaró que la continuidad del esquema reducido se aplicará únicamente a trigo y cebada, excluyendo de manera explícita a soja, maíz, sorgo, girasol y sus subproductos.

El retorno a las alícuotas anteriores ha generado un inmediato rechazo de las entidades del campo. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que la medida sería "regresiva y desacertada", y que agravaría la situación de un sector golpeado por la presión tributaria, la falta de infraestructura y los elevados costos internos. En la misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA), a través de su Distrito 4 con base en Córdoba, criticó duramente la decisión, señalando que "el gobierno nacional deja trascender que el decreto expirará el próximo 30 de junio, poniendo fin al exiguo y mediocre alivio fiscal que rigió durante estos meses". También se recordó que el propio presidente Javier Milei había calificado públicamente a las retenciones como "un robo".

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostuvo que la vuelta al esquema anterior de retenciones "continuará con el estancamiento en la producción de los últimos años" y acentuará la pérdida de competitividad. El planteo es claro: el sistema actual impide que el agro pueda desplegar su potencial en términos de inversión, innovación y generación de valor agregado.

En este marco, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que más del 63% de lo que le queda al productor luego de descontar costos, se destina a impuestos. Esta presión fiscal se mantiene elevada incluso con el alivio transitorio en los DEX. La economista jefe de FADA, Nicolle Pisani Claro, detalló que tras pagar insumos, alquileres y servicios, la ganancia neta representa solo un 9,8%, mientras que el alquiler de tierras explica un 26,6% y los tributos el restante 63,6%. Este índice aumentó en comparación con marzo, producto de la caída en los precios internacionales y el fin de la rebaja fiscal, lo que refuerza el peso impositivo sobre una producción de menor valor.

Más allá del impacto fiscal, el regreso de las retenciones amenaza con frenar procesos clave como la adopción de tecnología, la expansión del modelo de siembra directa, el uso eficiente de agroquímicos y la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). Muchos productores habían empezado a planificar sus campañas 2025/2026 con el supuesto de continuidad de las rebajas. Ahora, se enfrentan a un nuevo escenario, menos propicio para la inversión en innovación, rotación de cultivos, control de malezas y mejoras en la trazabilidad.

En paralelo, la presión del tipo de cambio, la inflación en dólares de insumos estratégicos -que, según comparativas recientes, son más caros en Argentina que en países vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay- y la falta de crédito accesible, constituyen una tormenta perfecta que empuja a muchos productores a reducir sus planes de siembra o directamente abandonar la actividad. Esta situación se agudiza en el caso de las economías regionales, donde la eliminación definitiva de las retenciones había generado expectativas de despegue que hoy vuelven a ponerse en duda.

El desafío de fondo sigue siendo cómo equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la competitividad del agro argentino. La falta de definiciones concretas por parte del Ejecutivo genera un limbo regulatorio que paraliza decisiones productivas, frena la compra de insumos y complica la comercialización de granos en los mercados de futuros. La incertidumbre, más que la retención en sí misma, es hoy uno de los principales enemigos del productor.

Mientras tanto, en las rutas, en asambleas rurales y en pasacalles colocados por productores autoconvocados, vuelve a resonar con fuerza un reclamo que parecía haber quedado atrás: "Eliminación total de las retenciones. Dejen de robarse nuestro esfuerzo." La tensión entre la promesa de una política promercado y la necesidad de financiamiento del Estado encuentra aquí un punto de quiebr