Cuando ya se cumplieron siete meses desde que está en concurso de acreedores, la cooperativa láctea SanCor se enfrenta a un nuevo golpe: sus propios trabajadores, nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), resolvieron solicitar a la Justicia la declaración de quiebra con continuidad de la explotación. La decisión se tomó en una asamblea realizada en la localidad santafesina de Sunchales, donde la firma tiene su sede histórica. El pedido será formalizado en los próximos días y refleja la profundidad de la crisis de una empresa que alguna vez supo ser un emblema de la lechería argentina.

Según el gremio, la solicitud se fundamenta en una deuda preconcursal estimada en $69.000 millones y en compromisos laborales impagos por más de $14.000 millones acumulados en los últimos meses. Estos compromisos incluyen salarios adeudados desde abril hasta agosto, el aguinaldo del primer semestre de 2025 y aportes retenidos a la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y al propio sindicato, que no fueron depositados. Atilra señaló que la situación responde a "incumplimientos reiterados" de la cooperativa y destacó que de las más de 2500 intimaciones de pago enviadas por los trabajadores, la empresa no respondió ninguna.

La historia reciente de SanCor es la de una caída sostenida. La firma llegó a procesar más de 4 millones de litros de leche diarios y a tener más de 4000 empleados antes de 2017, cuando estalló la crisis que marcó su declive. Hoy la cooperativa apenas procesa unos 300.000 litros diarios a fasón para terceros y mantiene un plantel de unos 850 operarios. En febrero de 2025 solicitó el concurso de acreedores, trámite que quedó bajo la órbita del juez Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela. En ese momento se estimaba que el pasivo de la empresa podía superar los US$250 millones, con cálculos extraoficiales que incluso lo llevaban a US$400 millones.

Desde 2017, SanCor encaró un plan de reestructuración que incluyó cierres de plantas, ventas de marcas y reducción de personal. Pasó de tener 12 fábricas a solo 6 y se desprendió de negocios rentables como yogures, postres y flanes, que terminaron en manos de Vicentin y luego del grupo venezolano Maralac. Pese a estas medidas, la cooperativa nunca logró recomponer su situación financiera. Durante el gobierno de Alberto Fernández, un grupo empresario propuso un fideicomiso con financiamiento público para rescatar a la compañía, pero la iniciativa no prosperó y la crisis se profundizó.

Los conflictos sindicales también impactaron en la producción. Entre fines de 2023 y agosto de 2024, la empresa enfrentó un duro enfrentamiento con Atilra que redujo su capacidad operativa. Diversas fuentes coinciden en que esa tensión aceleró la presentación al concurso de acreedores y dejó a la firma al borde del colapso.

La historia de SanCor con los rescates frustrados viene de larga data. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner bloqueó un acuerdo con Adecoagro, grupo agroindustrial que pretendía quedarse con la cooperativa, y negoció en su lugar un crédito por US$80 millones de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. Ese préstamo fue devuelto, pero Venezuela mantiene hasta hoy una deuda de US$18 millones con SanCor por exportaciones de lácteos.

El presente, sin embargo, muestra un panorama más sombrío. A pesar de haber reducido estructura, de haberse desprendido de plantas y de haberse achicado en todos los frentes, la cooperativa no logró garantizar ni siquiera el pago de los salarios. Por eso, los trabajadores decidieron pedir la quiebra con la intención de que la Justicia garantice la continuidad de la producción y de los puestos laborales. "La falta de pago de obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables nos dejó sin alternativa", advirtió Atilra en su comunicado.

La quiebra de SanCor, de concretarse, sería uno de los capítulos más duros en la historia de la industria láctea argentina. Para muchos productores, proveedores y trabajadores, la cooperativa fue durante décadas un motor de desarrollo en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Hoy, en cambio, se convirtió en un símbolo de la incapacidad de sostener un modelo productivo que alguna vez fue modelo de integración cooperativa y que ahora queda a merced de una resolución judicial.