La Patagonia volvió a tensar la cuerda con el Gobierno nacional, y esta vez Santa Cruz tomó el protagonismo. Frente a la decisión del Senasa de permitir el ingreso de carne vacuna con hueso desde zonas del país donde aún se vacuna contra la fiebre aftosa, el sur del país volvió a unificarse en defensa de su estatus sanitario diferencial.

Primero fueron las presentaciones judiciales en Río Negro, y ahora Santa Cruz redobló la apuesta: la Legislatura aprobó por unanimidad una ley provincial que habilita al Ejecutivo a establecer su propia barrera sanitaria. Una jugada política que marca el pulso de un conflicto que promete escalar en los próximos días.

El diputado provincial Mario Piero Boffi fue el autor de la normativa que crea un marco legal para impedir el ingreso de animales, carnes y productos agropecuarios que no acrediten condiciones de inocuidad y certificación sanitaria compatibles con los estándares de la provincia. La iniciativa prevé, además, la instalación de controles fijos y móviles en rutas, puertos y aeropuertos, en coordinación con fuerzas de seguridad.

Pero el frente institucional no se agota ahí. La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, confirmó que están trabajando para que sean los sectores productivos los que encabecen las acciones judiciales contra la medida nacional: "Desde el Gobierno no podemos presentar un amparo, pero sí podemos coordinar una estrategia con frigoríficos, asociaciones y productores para impulsar los recursos que correspondan".

El malestar fue expuesto en una reunión de alto nivel realizada en Gobernador Costa, Chubut, con la presencia de funcionarios de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Todos expresaron su rechazo a la Resolución 460 de la Secretaría de Agricultura y el Senasa, por considerar que vulnera la condición de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación que la Patagonia mantiene hace décadas.

El reclamo se sustenta, además, en preocupaciones concretas: el ingreso de carne desde regiones con vacunación puede hacer tambalear mercados clave como la Unión Europea, Japón o Australia, donde la exigencia sanitaria es máxima. "No tenemos garantías de que esos mercados no nos sancionen", advirtió Paulo Lunzevich, secretario de Comercio santacruceño.

Mientras los frigoríficos del centro y norte del país celebran la decisión, por el potencial aumento de su demanda, los industriales y ganaderos patagónicos se sienten desplazados. 

La próxima movida será política: un documento técnico será elevado al Senasa y a la Secretaría de Agricultura para pedir precisiones y exigir una evaluación del impacto real que esta flexibilización podría tener. Los gobernadores patagónicos quieren saber si habrá efectos sobre los mercados internacionales y, sobre todo, si la región perderá su principal carta de valor: su diferencial sanitario.