Un cambio profundo en las reglas del comercio agroindustrial está en marcha. A partir del 30 de diciembre de 2025, quienes deseen exportar soja o carne vacuna a la Unión Europea deberán cumplir con una exigencia que ya genera tensiones: garantizar que esos productos no provienen de zonas deforestadas.

El nuevo Reglamento 1115/2023, aprobado por el bloque europeo, obliga a implementar un sistema de trazabilidad preciso, geolocalización del origen de los productos y, lo más polémico, segregación física de los granos certificados respecto de los no certificados.

El tema fue debatido en un encuentro convocado por el Instituto de Capacitación Agropecuaria (INCAGRO), donde participaron referentes de la Unión Europea, CIARA-CEC y la Federación de Acopiadores.

"Este reglamento es una muestra de coherencia con nuestros compromisos climáticos", sostuvo Viki Lövenberg, consejera de la delegación de la UE en Argentina. Para Europa, no se trata de un veto, sino de una norma global basada en criterios de la FAO.

Desde la exportación, la visión fue pragmática. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, pidió acelerar la adopción del sistema de trazabilidad nacional (VISEC), respaldado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que permite certificar cumplimiento ambiental a través del RENSPA y la Carta de Porte. "El primero de enero es pasado mañana. La urgencia es real", advirtió.

Pero el punto de mayor fricción surgió con la segregación física. Para Idígoras, es costosa y técnicamente inviable. Y Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, fue aún más tajante: "Es tan absurdo como separar billetes según el barrio del que provienen".

Rivara alertó que la norma, en su afán de ser ambientalista, puede terminar generando efectos contrarios: como el uso intensivo de gasoil para secar granos que antes se mezclaban con otros ya secos. "Vamos a aumentar el calentamiento global", ironizó.

Pese a las críticas, los representantes coincidieron en un punto: Argentina ya cuenta con herramientas como VISEC para garantizar trazabilidad, y el objetivo debe ser adaptarse sin perder competitividad.

La duda que queda en el aire es cómo armonizar estas exigencias con la realidad operativa del agro argentino, especialmente en zonas alejadas de los puertos, donde la infraestructura logística aún está lejos del ideal.

A menos de seis meses de su entrada en vigencia, el "reglamento anti-deforestación" de la UE ya no es un anuncio: es una realidad que obliga al sector a actuar rápido, con criterio, y sin perder de vista la sostenibilidad... ni la rentabilidad.