El comercio agroalimentario global ya no gira exclusivamente en torno a precios o volúmenes. En la actualidad, la sustentabilidad se ha convertido en un criterio central para acceder a los mercados más exigentes, desde Europa hasta Asia. Para América Latina, una región con fuerte peso agrícola en su balanza comercial, esto representa tanto un desafío estructural como una oportunidad estratégica.

La presión por reducir la huella hídrica y de carbono, garantizar trazabilidad, proteger la biodiversidad y promover prácticas regenerativas está siendo impulsada por gobiernos, cadenas de supermercados y consumidores conscientes. Normas como el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR), las cláusulas ambientales en acuerdos comerciales y las políticas de compras públicas sostenibles están cambiando las reglas del juego.

En este nuevo contexto, América Latina muestra avances desiguales. Países como Costa Rica, Uruguay y Chile lideran en certificaciones ambientales, agricultura orgánica y exportaciones con valor agregado sustentable. En tanto, Brasil y Argentina, grandes potencias agroexportadoras, enfrentan cuestionamientos en torno a la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos, aunque también invierten en tecnologías de agricultura de precisión, biotecnología y monitoreo satelital para reducir impactos.

Uno de los principales cuellos de botella es la trazabilidad. Sin sistemas robustos que garanticen el origen sostenible de los productos, muchos exportadores enfrentan riesgos de exclusión en mercados clave. La implementación de plataformas digitales, blockchain, certificaciones voluntarias y esquemas de verificación por terceros se vuelve imprescindible. La tecnificación del agro no es solo una herramienta productiva, sino una condición de acceso comercial.

Además, la creciente demanda de productos con baja huella de carbono y emisiones neutras obliga a repensar las cadenas logísticas, desde el transporte hasta el uso de insumos. Algunos países ya trabajan en la generación de pasaportes verdes agroalimentarios, donde cada lote exportado lleva consigo un historial ambiental verificable.

El rol de los organismos multilaterales como la FAO, el BID y el IICA es clave para apoyar la transición. A través de líneas de financiamiento verde, asistencia técnica y estándares regionales, se busca nivelar las capacidades entre países y productores. La meta: que la sustentabilidad no sea un privilegio de grandes empresas, sino una oportunidad accesible para toda la cadena.

Por otra parte, las tendencias de consumo global también marcan el rumbo. Alimentos orgánicos, de comercio justo, sin deforestación y con bienestar animal certificado están ganando terreno. América Latina puede capitalizar esta ola si logra diferenciar sus productos y comunicar eficazmente sus prácticas.

La resiliencia climática también es parte de la ecuación. Frente a eventos extremos como sequías, heladas o inundaciones, los agronegocios deben integrar criterios de adaptación en sus modelos productivos. La sustentabilidad no es solo ambiental: también es económica y social.

Finalmente, la integración regional puede potenciar estos esfuerzos. Iniciativas conjuntas del MERCOSUR, la Alianza del Pacífico o la CELAC permitirían establecer estándares comunes, facilitar el cumplimiento normativo y fortalecer la posición negociadora ante terceros bloques comerciales.

¿Está preparada América Latina? En parte, sí. Hay avances, marcos normativos en construcción y casos de éxito que inspiran. Pero también persisten brechas de inversión, infraestructura, capacitación y gobernanza. La ventana de oportunidad está abierta, pero no será indefinida. Quien no se adapte, corre el riesgo de quedar fuera del comercio agroalimentario del futuro.