El Ministerio de Transporte oficializó un cambio profundo en el esquema de contratación del transporte de cargas para el agro. A través de la Resolución 48/2025, la cartera eliminó las tarifas de referencia que servían como base para las negociaciones entre productores, acopiadores y transportistas.

De esta manera, cada parte deberá acordar el precio por tonelada de manera directa, sin un parámetro oficial que sirva como guía. Según el Gobierno, la medida apunta a "respetar la libertad de mercado y simplificar el esquema de contratación".

La decisión derogó la Resolución 8/2016, que había creado la Mesa de Negociación Participativa, integrada por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, cámaras transportistas y funcionarios del área. Esa mesa establecía valores de referencia en base a costos operativos.

Además, se dejó sin efecto la Resolución Conjunta 1/2023, que había constituido una mesa de emergencia en transporte para atender situaciones críticas de logística, especialmente durante las campañas de cosecha gruesa.

Desde el oficialismo remarcan que la nueva normativa busca desregular y dejar que la competencia defina los precios, en línea con otras medidas de liberalización del mercado.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras cámaras empresarias celebraron la decisión y adelantaron que no participarán en instancias futuras de negociación de tarifas indicativas. En su comunicado señalaron: "La mejor política en este ámbito es aquella que respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales".

El impacto de la medida ya genera debate en el agro: mientras algunos productores valoran la flexibilidad, otros advierten que los costos de transporte pueden dispararse en plena campaña, en un contexto donde la logística es clave para mantener la competitividad de las exportaciones.