El Gobierno nacional resolvió pasar a disposición a 367 empleados del INTA, el INASE y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en medio de la crisis política que desató el rechazo parlamentario a los decretos de reforma del Estado impulsados por Javier Milei. 

La resolución, que limita también comisiones de servicio, licencias sin goce de sueldo y asignaciones transitorias, fue publicada poco después de que el Senado votara en contra del DNU 462/2025, que ya estaba suspendido por una medida cautelar de la Justicia.

El golpe legislativo fue contundente: 59 senadores rechazaron el decreto que contemplaba la intervención del INTA, el INTI, el INPI, la ARICCAME, el INASE y el INV, frente a apenas 10 votos favorables y dos abstenciones. Con esta decisión, se sumó la negativa de Diputados y quedó sellado el rechazo definitivo.

Desde los gremios, la reacción fue inmediata. La Asociación del Personal del INTA (Apinta) y ATE celebraron la votación en la Cámara alta y advirtieron que la resolución del Ejecutivo es un nuevo intento de "disciplinamiento" hacia los trabajadores de organismos estratégicos para la producción, la investigación y el control de calidad.

Cabe recordar que la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal de San Martín, ya había dictado una medida cautelar ordenando al Ejecutivo abstenerse de aplicar el decreto por seis meses, al considerar que podría ocasionar "perjuicios irreparables" sobre derechos laborales y sindicales.

La pulseada política y judicial en torno a los organismos técnicos abre ahora un escenario de máxima tensión: mientras el Congreso y la Justicia ponen límites, el Gobierno insiste con avanzar en medidas administrativas que impactan directamente sobre el personal.