En la provincia de Tungurahua, los agricultores viven con creciente preocupación los efectos de la eliminación del subsidio al diésel. Lo que para el gobierno fue una medida para ajustar cuentas fiscales, en el campo se traduce en un encarecimiento de la producción que no encuentra salida en el mercado. Los precios de los insumos, el transporte y la maquinaria han subido, pero la venta de los productos sigue dependiendo de la oferta y la demanda, por lo que los campesinos no logran mejorar sus ingresos.

Productores de hortalizas, granos y tubérculos explican que el diésel es parte central de sus costos: se utiliza para el funcionamiento de tractores, sistemas de riego, transporte de insumos y traslado de la cosecha a los centros de abasto. Cada aumento en el precio del combustible repercute en la cadena y genera presión sobre los márgenes. Sin embargo, los precios al consumidor final no siempre acompañan ese incremento, porque el mercado regula los valores según la disponibilidad de productos.

En los mercados de Ambato y otras ciudades de Tungurahua, los productores detallan que, pese a que el diésel subió, los precios del tomate riñón, la zanahoria, la papa y el maíz no se han recuperado. Por el contrario, en algunos casos siguen por debajo de lo que se esperaba. Esto significa que los campesinos deben asumir los mayores costos sin poder trasladarlos a quienes compran. "Todo subió con el diésel, pero los precios están bajos para nosotros", repiten agricultores consultados en la zona, resumiendo una paradoja que golpea al agro: mayor gasto, menor rentabilidad.

La situación genera un círculo de incertidumbre. Al no cubrir los costos de producción, muchos productores reducen la inversión en fertilización o riego, lo que a su vez afecta la productividad de los cultivos. En una provincia donde el agro es motor de la economía local, esta dinámica amenaza con debilitar a cientos de familias que dependen de la agricultura como única fuente de ingreso.

Los gremios locales señalan que el subsidio al diésel era un sostén clave para equilibrar los costos del campo. Su eliminación, argumentan, se suma a otras dificultades como la volatilidad de los precios internacionales de los fertilizantes, las limitaciones de acceso a crédito y las variaciones climáticas que afectan el rendimiento. La percepción general es que, mientras la carga de los gastos aumenta, el mercado no ofrece mecanismos que garanticen un ingreso justo para el productor.

Algunos agricultores explican que, por ahora, el único recurso es ajustar la escala de producción o diversificar cultivos, aunque no todos cuentan con la capacidad económica para hacerlo. Otros plantean que el Estado debería crear mecanismos de compensación o políticas de apoyo más focalizadas en el sector agrícola, que no tiene el mismo margen de maniobra que la industria o el transporte para asumir costos adicionales.

La experiencia de Tungurahua refleja lo que está ocurriendo en otras provincias agrícolas del país, donde el fin del subsidio al diésel ha golpeado especialmente a los pequeños y medianos productores. La medida, que buscaba ordenar las cuentas públicas, se enfrenta ahora a la realidad de un sector primario que no puede trasladar los costos al consumidor y que enfrenta la presión de competir en un mercado dominado por la oferta y la demanda.

El dilema que vive el campo es claro: el combustible sube, los gastos se multiplican, pero los precios de venta se mantienen bajos. Para los agricultores de Tungurahua, esta situación es insostenible y amenaza con agravar la brecha entre el costo de producir y lo que reciben por sus productos. La incertidumbre sobre el futuro inmediato preocupa a las familias campesinas, que esperan que el Estado atienda su reclamo y que el mercado encuentre un punto de equilibrio que les permita sostener su trabajo.