El combate contra la garrapata común del bovino (Boophilus microplus) en Uruguay no es una iniciativa aislada ni reciente: tiene un marco legal consolidado que la reconoce como un problema de interés nacional desde hace más de 15 años. La Ley 18.268 de 2008, junto con su Decreto reglamentario 9/010 y resoluciones posteriores, constituyen la columna vertebral del actual Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, presentado recientemente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La normativa establece tres objetivos estratégicos: controlar la garrapata en las zonas endémicas, erradicarla en las áreas libres de infestación y consolidar un enfoque integral de "Una Salud", que vincula la sanidad animal con la salud humana y la protección ambiental.

El plan vigente se apoya en esta estructura legal para reforzar los controles, definir responsabilidades y sumar herramientas innovadoras al combate de un parásito que genera pérdidas millonarias cada año y afecta la competitividad internacional de la ganadería uruguaya.

Uno de los pilares del sistema es la clasificación territorial. El país se encuentra dividido en zonas libres y zonas de control, lo que permite diseñar estrategias diferenciadas: en las primeras, el esfuerzo está puesto en mantener la condición libre de la plaga, mientras que en las segundas se busca reducir su prevalencia y evitar que avance a nuevas regiones.

La ley establece, además, una obligación directa para los productores y tenedores de ganado. Estos deben colaborar con las inspecciones oficiales, realizar los baños correspondientes, aplicar los tratamientos indicados y cumplir con los plazos de saneamiento fijados por el MGAP. El incumplimiento no es menor: puede derivar en sanciones económicas y hasta la interdicción de predios, lo que impide mover o comercializar animales.

El tránsito de ganado es otro punto sensible. El transporte de animales desde zonas con riesgo sanitario está estrictamente regulado y requiere certificados y controles en ruta. Los puestos carreteros cumplen un papel clave al fiscalizar el movimiento de tropas, reduciendo la posibilidad de que el parásito se propague a zonas que hoy se encuentran libres.

El marco legal también prevé un conjunto de herramientas de prevención y control. Entre ellas, el diagnóstico y registro de datos para mantener un mapa actualizado de infestación; el uso de hemovacunas y acaricidas bajo protocolos que reduzcan la resistencia y respeten los tiempos de carencia; y la promoción de alternativas biológicas y genéticas, como razas más resistentes, que apunten a disminuir la dependencia de los químicos.

Con esta normativa como respaldo, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata 2025 busca revitalizar la estrategia sanitaria, incorporar innovación tecnológica y fortalecer la articulación entre Estado, productores, academia e industria. El desafío es mayúsculo: la garrapata no solo representa pérdidas directas por menor productividad y mayores costos de manejo, sino que también compromete el estatus sanitario del país frente a sus socios comerciales.

La apuesta oficial es clara: combinar la base legal ya existente con nuevas medidas prácticas y tecnológicas, y exigir un cumplimiento estricto tanto a los productores como a los transportistas. Solo de esa manera Uruguay podrá avanzar hacia el control efectivo de una parasitosis que, pese a décadas de combate, sigue siendo uno de los grandes retos de la ganadería bovina.