El proceso de cramdown que busca evitar la quiebra de Vicentin, la emblemática agroexportadora santafesina, ya tiene cinco empresas inscriptas para disputar su control. El plazo de inscripción vence este viernes, y el mercado espera que se sumen nuevos jugadores de peso.

Según consta en el expediente del concurso, las firmas que ya formalizaron su interés son Molinos Agro, Commodities SA, Bioenergías Agropecuarias, Barbero Cereales y Yabitel SA. La decisión del juez Fabián Lorenzini de exigir una inscripción previa garantiza transparencia en el proceso y marca el inicio de una cuenta regresiva decisiva para el futuro de la compañía.

Molinos y Grassi: los nombres que pisan fuerte

Entre los interesados destaca Molinos Agro, del grupo Pérez Companc, con un historial de sociedad en Renova junto a Vicentin y fuerte presencia en el polo de San Lorenzo. Su participación refuerza la expectativa de un salvataje que conserve puestos de trabajo y mantenga la actividad exportadora.

Otro nombre clave es Commodities, vínculo directo con la familia Grassi, el mayor acreedor comercial de la firma. Su interés no es nuevo: desde el inicio de la crisis planteó su aspiración de quedarse con activos estratégicos del negocio.

Diversidad de propuestas y una pulseada por el norte

El lote de oferentes se completa con Bioenergías Agropecuarias, con base en Villa Ocampo, y Yabitel SA, azucarera tucumana, ambas interesadas en los activos del nodo norte. Barbero Cereales, un importante acopiador cordobés, también busca posicionarse en el esquema de rescate.

Aunque el número de inscriptos ya genera expectativa, se especula con la aparición de otros pesos pesados, como un eventual consorcio entre Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que podrían aspirar al paquete accionario mayoritario, incluyendo las codiciadas plantas de Renova.

Un proceso urgente, una crisis estructural

El cramdown se activó tras el rechazo judicial al acuerdo cerrado por Vicentin con acreedores financieros. La empresa mantiene un pasivo de u$s1.300 millones desde su default en diciembre de 2019. A eso se suma una deuda posconcursal superior a los u$s30 millones y un capital de trabajo negativo que compromete la operatividad.

Los interventores judiciales han señalado que las operaciones actuales se sostienen exclusivamente por contratos de fasón, sin margen para inversiones o crecimiento. De allí la urgencia del proceso: evitar la quiebra, preservar el valor de los activos y ofrecer una salida que satisfaga a los acreedores.

Lo que viene

Con el registro de interesados a punto de cerrarse, el tribunal podría convocar una audiencia pública para facilitar el acceso a balances y documentos clave. Luego se abrirá la etapa de ofertas formales, se designarán evaluadores independientes y se avanzará a la votación de acreedores. La meta del juez Lorenzini es cerrar el proceso antes de fin de año.

El caso Vicentin es mucho más que una disputa comercial: es un test de stress institucional, una pulseada por el control de una de las cerealeras más grandes del país y una lección sobre cómo gestionar crisis empresariales de magnitud sistémica.