La historia de Vicentin, una de las compañías agroindustriales más emblemáticas del país, entra en su fase más caliente. En el marco del proceso de "cram down", la última oportunidad legal para evitar la quiebra, el grupo Grassi decidió mover sus fichas y avanza en conversaciones con la multinacional Cargill para fortalecer su propuesta de rescate.

El interés no es menor: Vicentin tiene en su portfolio la planta de crushing de Timbúes, otra terminal de soja y una planta de girasol, activos estratégicos en el negocio agroexportador. A esto se suma una deuda millonaria que sigue condicionando el futuro de la compañía: US$ 1.275 millones de pasivos frente a activos por US$ 522 millones, lo que deja un rojo de US$ 752 millones.

Según trascendió, la estrategia de Grassi incluye un aporte de US$ 12 a 13 millones para asegurar la operación de las plantas industriales durante la parada técnica prevista para este año. El desembolso devengaría intereses a consensuar y debería ser devuelto al adjudicatario del cram down en caso de que prospere el acuerdo. La condición que plantea Grassi es que ningún otro interesado pueda avanzar con contratos de fasón en las unidades fabriles.

La jugada se interpreta como un movimiento disruptivo frente a las otras propuestas en análisis. Bunge por un lado, y Molinos Agro junto con Louis Dreyfus (LDC) por otro, ya pidieron información adicional al juez concursal Fabián Lorenzini para definir sus propios planes de rescate. El magistrado, que ya cuenta con una valuación pericial que arrojó un patrimonio neto negativo cercano a los US$ 1.000 millones, deberá decidir sobre las ofertas que se presenten en los próximos días.

La alianza entre Grassi y Cargill busca no sólo respaldo financiero sino también know-how en la gestión de la molienda de soja y la exportación, claves para reposicionar a Vicentin en el mapa de los grandes jugadores del agro. La multinacional aportaría experiencia global, mientras que Grassi, acreedor de peso, garantizaría volumen y cercanía al negocio local.

El proceso concursal no se define sólo en los despachos judiciales. Con un total de 2.638 acreedores, la pulseada depende de que el ganador logre el apoyo de más de la mitad de los acreedores y de dos tercios del valor de la deuda. En ese tablero, CIMA Investments -vinculada a Grassi- ya adquirió acreencias de bancos internacionales por US$ 447,1 millones, lo que le da mayor margen para alcanzar la mayoría por capital.

Sin embargo, la clave sigue siendo convencer a los pequeños y medianos acreedores granarios y comerciales, quienes en conjunto tienen la fuerza numérica necesaria para definir el desenlace. El juez Lorenzini otorgará un plazo de 30 días corridos para que los oferentes logren conformidades. Si ninguna propuesta alcanza los consensos exigidos, la consecuencia será la quiebra definitiva de Vicentin, aunque en el sector descartan ese escenario por la magnitud de las compañías interesadas.

En este marco, la posible asociación entre Grassi y Cargill agrega un nuevo condimento a la disputa, que ya involucra a gigantes globales como Bunge y Dreyfus, y promete un desenlace clave para el futuro de una de las empresas que marcó la historia reciente del agro argentino.